La obsesión argentina por los planes colectivos

Argentina no ha tenido crisis más graves que otros países. En lo que sí destacamos es en nuestro gusto por las soluciones falsas a esas crisis.

No somos los argentinos los únicos que hemos tenido empresas funcionando a pérdida, crecimiento del crimen, o inflación. Otros han enfrentado esos problemas, lo que nos distingue es que nosotros hemos preferido ocultarlos.

Veamos el ejemplo de Alemania. A pesar de su presente brillante, es claro que su historia está llena de desgracias. Sin embargo, son desgracias de las que aprendieron. Tuvieron hiperinflación cuando en 1923 su gobierno imprimió cada vez más marcos para comprar moneda extranjera. Pero ya para fines de ese mismo año aplicaron la solución obvia: dejaron de imprimir dinero sin respaldo. Jamás volvieron a cometer ese error.

Mucho después, la reunificación con la Alemania del Este trajo otros enormes problemas. Gran parte de las empresas de la Alemania comunista se mantenían a pérdida, la red telefónica fallaba y las rutas carecían de mantenimiento. Hubo que hacerlas prácticamente de nuevo. Se privatizaron unas 14.000 empresas de la Alemania comunista; con el gobierno alemán asumiendo sus deudas; de otro modo nadie las hubiera comprado. La fábrica Buna, que en su momento fue la firma química más grande del mundo, se vendió en parte a una empresa norteamericana, y en parte a otra rusa. Miles de trabajadores perdieron su puesto. Nada de eso fue fácil o sin resistencia. Basta recordar que el director de las privatizaciones fue asesinado en Dusseldorf. Fue una crisis sí, pero las soluciones que adoptó Alemania no eran la reedición de los viejos errores.

Eso es diferente en Argentina. Aquí cada crisis es una oportunidad para intentar otra vez lo que ha fallado siempre.

Por supuesto que, en vista de mi trabajo en una humilde posición de la administración de justicia provincial, no incursionaré en cuestiones políticas. Sin embargo, creo útil dedicar algunas reflexiones a una de esas ideas equivocadas que tanto atraen a nuestros dirigentes, sean del partido que sean: todos nos dicen que desean planes o políticas “de largo plazo”. Nos aseguran que tenemos que decidir (¿por unanimidad por mayoría simple?) qué modelo de país queremos (ya es una frase hecha), y mantenerlo sin importar los resultados electorales. En vista de los perjuicios que ocasiona el cambiante marco jurídico en Argentina, casi todos los dirigentes insisten en que el problema se soluciona adoptando un modelo y políticas de largo plazo.

Cada vez que ven acercarse un micrófono, los dirigentes explican que se necesitan planes estatales que vayan más allá de la duración de un gobierno. Es decir, metas y medidas específicas que continúen en la misma dirección, sin importar cuál es el partido que gobierna. Los planes fallan porque son de corto plazo, nos dicen. Y agregan que cada gobierno impone los suyos cuando debería seguir con los del anterior. Todos proponen esa solución, y casi no hay día en que no se escuche a algún dirigente repitiéndola. En eso todos coinciden. Es un error.

Se trata de un gran error conceptual porque lo estable no pueden ser los planes o políticas, sino el marco jurídico general. Hay una distinción básica -que todavía no se ha entendido en Argentina- entre dos cosas completamente diferentes (e incluso opuestas):

a) un marco de reglas permanentes que no fijan política alguna para el país entero o para una región, sino que permiten que cada persona forme sus proyectos de largo plazo, se asocie con otros, contrate, invierta, cometa errores y aciertos, con la seguridad de que esas decisiones serán respetadas por todos los gobiernos. En todo caso serán sus errores y aciertos, y no los que le impone un gobierno

b) un plan con objetivos y preferencias “colectivas”, que se imponen a todos. Por ejemplo, que se invierta más en acero que en circuitos electrónicos, que las industrias se radiquen en el sur (o en el norte), que se alcance la independencia energética para tal fecha, que se importen productos de tal país y no de otro, que determinados cortes de carne se mantengan baratos. Y así con cada actividad, necesidad, y deseo imaginable.

La seguridad jurídica y estabilidad que tanto se pregonan son posibles y se logran con el primer sistema. El segundo es una ilusión, que se hace peor cuando se lo intenta hacer permanente, y lo malo es que cada vez que falla se cree que la causa consiste en que los gobiernos debieron haberse mantenido en la misma línea que sus antecesores.

La búsqueda afanosa de una constancia ya alcanzada

Las leyes cambian. Pero las políticas muy generales se han mantenido a pesar de los cambios de gobierno, diría que con más constancia (u obstinación) que en otros países. Por contraste, lo que ha fallado es la constancia en las leyes básicas, como las que regulan contratos o establecen qué es lícito y qué ilícito.

Es inútil clamar por más constancia en las políticas generales. La Argentina es uno de los países más tercos, más persistentes en sus direcciones históricas. Por ejemplo, por más de medio siglo, y con la sola excepción de la década del noventa, todos los gobiernos argentinos han usado la emisión monetaria, sea como impuesto irregular, sea para reducir los costos salariales, sea para aliviar a los deudores. La descomunal emisión de billetes es una política casi constante en la historia argentina.

También en la política exterior hay constancia (o terquedad, según se juzgue). De nuevo con excepción de los años 90, todos los gobiernos argentinos han estado más cerca de los países subdesarrollados latinoamericanos, africanos o asiáticos, que de los desarrollados. Para dar un ejemplo más preciso: más cerca de los árabes que de Israel. Uruguay y Brasil votaron en 1947 en las Naciones Unidas a favor de la creación del estado de Israel. Argentina se abstuvo. Esa fría relación ha sido una constante de la política exterior argentina que va más allá de los cambios de gobierno.

También en materia penal y seguridad se da una constancia que va más allá de los cambios de leyes. En la opción entre los sistemas de a) penas leves pero seguras, y b) penas severas pero aleatorias, Argentina siempre ha elegido el segundo sistema.

En su obsesión por los planes colectivos, e ilusionados por la sugerencia de que serán la solución para nuestros tantos males, muchos argentinos han dejado de advertir que esa meta tan buscada ya se ha alcanzado hace muchos años

Es cierto que sólo hemos tenido planes concretos (con cifras y fechas) por cortos plazos. Pero si de tendencias generales se habla, pocos pueblos han persistido más en sus políticas.

La era de los planes

En nuestros días, el principal atractivo del “sistema” (o ilusión) de las políticas “de largo plazo” reside (curiosamente) en su vaguedad. Cuando se dice que el plazo debe ser “largo”, no se cree necesario especificar cuánto. Por ejemplo, cuando se insiste en que hay que proteger a las industrias nacionales con subsidios y prohibiciones de importación, por un tiempo, hasta que logren establecerse, ser competitivas y no depender de la protección, no se cree necesario especificar si se habla de 5 o 6 años, 5 o 6 décadas, o 5 o 6 siglos.

Claro que sin ser específico no se puede hablar de políticas o planes, sino en todo caso de deseos o ilusiones.

Por supuesto que el mundo conoció la era de los planes verdaderos (con cifras y fechas), y también Argentina. Generalmente eran planes quinquenales. Se decía que había que conseguir tantas toneladas de acero, fabricar tantas miles de turbinas, formar tantos miles de técnicos, construir tantos monoblocks, y tantos kilómetros de rutas. Todo con una indicación acerca del tiempo en el que había que hacerlo. La Unión Soviética tuvo sus planes quinquenales, y también Argentina bajo el gobierno del general Perón. Hitler tuvo planes cuatrienales. Bajo Mao, China tuvo planes de un año. Y al año siguiente el plan era más ambicioso. El partido decidía que tal distrito debía producir tantas toneladas de trigo o acero, y se encargaba de administrar el castigo a los que no cumplían con la meta.

Esa época llegó a su fin hace mucho tiempo, y no es probable que alguien retorne a ella. Las metas rara vez se alcanzaban, las estadísticas se arreglaban, y (lo que es más fundamental) cuando los planes se cumplían, era frecuente advertir que hubiera sido mejor dedicar esfuerzos a otra cosa.

La mayor parte del mundo desarrollado ha adoptado la solución del marco legal estable y respetuoso de las decisiones individuales. En Argentina sin embargo, se ha hecho popular la vana idea de los planes colectivos a través de hacerla borrosa. Ahora nuestros dirigentes insisten en que hay que tener “metas de largo plazo”, pero sin decir en qué consisten, y sin decir cuál es ese plazo.

La ventaja de la vaguedad es que no obliga a elegir entre opciones que gustarían a algunos y enojarían a otros. Mientras no se defina nada, cada cual puede imaginar que las metas que se habrán de adoptar serán las que él cree importantes. Todos de acuerdo…hasta que haya que ponerse de acuerdo.

Todos asumimos un serio compromiso…con la indefinición.

Un marco legal para Argentina

Con la excepción de algunos ideólogos setentistas que despreciaban  la seguridad jurídica como un prejuicio burgués, casi todos reconocemos que es necesario contar con un marco legal estable. El problema es que no siempre sabemos en qué consiste.

Como antes dije, hay dos formas de organizar la vida de un país. Con leyes imparciales y permanentes, o con órdenes que se van cambiando según la necesidad. Ejemplo de lo primero fueron nuestra Constitución Nacional y nuestro Código Civil. Ejemplo de lo segundo son las leyes de suspensión de juicios contra el estado o contra particulares, las leyes de consolidación de deudas, las regulaciones cambiarias, las aduaneras, y muchas otras que cambian cada mes o cada semana.

Una de las características de las leyes que se conciben para permanecer mucho tiempo es que se apoyan fuertemente en la responsabilidad de cada individuo. El Código Civil no le dice a nadie qué tiene que comprar, cuánto, y a qué precio. Es imposible hacer eso si la ley está destinada a regir décadas, y no semanas. Por eso el Código Civil simplemente traza reglas para el contrato de compraventa, y cada persona adulta deberá decidir para qué contrata. Su acierto o su error son suyos, no de la ley.

Las leyes clásicas asumían que la prosperidad de un país la hace su gente ¿Cómo prospera una nación? Alguien encuentra un modo más rápido de producir algo, alguien brinda un servicio que nadie daba, algunos encuentran trabajo en esas nuevas empresas, otros venden las máquinas que se necesitan en ellas, y otros la comida y el transporte que esos trabajadores necesitan. Claro que también habrá algunos emprendimientos que fallarán, trabajos que se perderán, etc. Pero las leyes clásicas partían de un optimismo básico: asumían que la nueva riqueza creada será mucho mayor que la perdida; que las nuevas oportunidades serán mucho más grandes que las antiguas, que los triunfos serán muchos más que las derrotas. Ese optimismo no era ciego, ni era equivocado: en el siglo XIX la producción de bienes aumentó como jamás antes. Más importante todavía, se crearon bienes que jamás habían existido. Enfermedades que eran el terror de los siglos anteriores fueron vencidas. Y la prueba final del progreso es esta: la población creció como nunca antes. Es decir, menos gente murió de hambre y frío en los primeros años de vida.

Sin embargo, en los años 20 del siglo XX muchos pensadores abandonaron ese optimismo e imaginaron que había un sistema incluso mejor para progresar. Lo tomaron de las fábricas. Ellos notaron que las fábricas trabajaban según un plan, con metas numéricas, y plazos para cumplirlas. ¿Por qué no hacer lo mismo con el país entero?

El gobierno (al que preferían llamar Estado) diseñaría ese plan. Al comienzo se pensó que era indispensable que el gobierno mismo tomara la dirección de todas las fábricas. Así sucedió en la Unión Soviética. Luego se advirtió que eso no era necesario, sino que bastaba con que el gobierno a través de su plan tuviera el poder de ordenar a todos qué y cuánto producir. Así ocurrió en la Alemania Nazi y en la Italia fascista.

La idea se ha reflotado en ese Parque Jurásico de las ideologías que es la Argentina actual. Pero los planes se han hecho aceptables a fuerza de hacerlos imprecisos, meras aspiraciones. Claro que entonces se confunde la fijación de políticas con la enumeración de deseos. En otro artículo di un ejemplo de esta distracción placentera pero inútil: algunos políticos argentinos acordaron recientemente “políticas de largo plazo”, entre ellas lograr pleno empleo y educación de calidad para todos. Creyeron necesario dejar establecido ese acuerdo por escrito, firmarlo, y presentar ese documento al público, para que nadie albergue la duda de que ocupan su tiempo en definir cuestiones complejas que hasta ahora no habían sido abordadas.

Creo que Argentina no necesita buscar un marco legal; ya tiene uno desde que nació como país. Lo difícil ha sido conseguir que se lo respete. En esa tarea, las políticas “de largo plazo”, las “políticas de Estado” son una distracción inútil.

El concepto del gobierno de la ley

Hoy se debate en el mundo sobre el concepto del gobierno de la ley, a veces también llamado el "imperio" de la ley. Los juristas y filósofos discuten qué derechos quedan comprendidos en el concepto, y mientras algunos proponen un concepto que se denomina "delgado" ("thin" en inglés) otros apuntan a uno "gordo o grueso" más amplio ("thick" en inglés). También debaten la importancia de las libertades económicas en el concepto, y hay hasta quienes como el profesor de Oxford Joseph Raz, niegan que la noción del gobierno de la ley tenga el valor que durante tanto tiempo se la reconocido en el mundo.

Creo que el concepto del gobierno de la ley es fundamental para toda sociedad que aspire a ser libre y próspera. Creo también que muchas de las tragedias del siglo XX -con millones de personas asesinadas por los regímenes Soviético, Nazi, Maoísta- se debieron en gran medida al olvido de ese concepto por parte de la gente común, y al desprecio que ostentaron por el imperio de la ley tantos intelectuales.

Luego de la segunda guerra mundial ha habido un renacimiento del interés por el concepto del gobierno de ley. Ese interés no es lo fuerte que debería ser, pero es mejor que el completo olvido. Desde hace cosa de un año he decidido sumarme a los debates mundiales sobre esa idea fundamental. Por eso mi otro blog (en inglés) se dedica enteramente al tema del gobierno de la ley -en inglés: the rule of law ¿Por qué lo escribo en inglés, que no es mi lenguaje nativo y me resulta más difícil? Es que el debate tiene lugar en inglés. En Argentina el interés en el concepto es casi nulo, y eso también explica muchas de nuestras desgracias.

A pesar haber dedicado más notas especificas en mi otro blog, creo que hay todavía en Argentina una confusión fundamental -ya superada en el mundo- sobre el concepto del gobierno de la ley que necesita también de una nota en español. La confusión consiste en identificar el gobierno (o imperio) de la ley con el gobierno con la ley (rule of law vs. rule by law). Son dos cosas distintas y en realidad opuestas. Adelanto que la noción importante y más valiosa que el oro para la felicidad de una nación es el gobierno de la ley (no "con" la ley).

Gobierno con la ley

Veamos primero la noción sin valor porque es tan pobre que es más fácil de entender. Gobernar "con" la ley significa que las autoridades gobiernan básicamente dictando leyes que después se hacen cumplir con toda la fuerza del Estado. En este sentido los Nazis gobernaron Alemania "con" la ley, al menos al principio. Uso el ejemplo del gobierno Nazi, porque es menos controvertido. Casi nadie defiende el historial de Adolf Hitler, pero por algún motivo mucha gente parece todavía creer que el régimen soviético, el maoísta, o el de Pol Pot en Camboya, fueron mejores. Dejemos eso para otra nota.

Pues bien, los Nazis dictaron leyes que privaban a los judíos de sus propiedades, y entonces se podría decir que sacarles sus bienes sin ninguna indemnización era legal. Era el cumplimiento de una ley como cualquier otra. Y cuando los estudiantes alemanes del pequeño grupo llamado "la rosa blanca" se atrevieron a distribuir panfletos contra Hitler, un tribunal los condenó a muerte, fueron guillotinados. Tengo un hermoso libro con la historia terrible y maravillosa de estos jóvenes valientes, y allí también está transcripta su sentencia. Los jueces citaron cantidad de artículos de varias leyes. Eso se llama gobierno "con" la ley, pero no llega ni al primer escalón de lo que es el gobierno "de" la ley.

          Trailer de una película sobre el grupo alemán anti-Nazi La Rosa Blanca

Gobernar "con" la ley equivale a dictar leyes que ordenan algo (cualquier cosa) y luego hacerlas cumplir. Si alguien se queja de que le confiscan sus bienes sin ley se vota una ley que así lo ordene y asunto arreglado. Es claro que si este es el sentido del concepto, tiene muy poco valor. Increíblemente, el jurista Hans Kelsen –tan célebre en el mundo entero y de lectura obligatoria durante décadas en las facultades de derecho en Argentina– siempre defendió ese concepto equivocado del gobierno de la ley. Para Kelsen el gobierno Nazi operaba formalmente dentro de la ley. La ley que Hitler hacía a su medida.


   Parte de la película sobre Sophie Scholl, miembro de La Rosa Blanca. El doblaje al español no es de lo mejor, pero da una idea de las convicciones y el valor de esta estudiante alemana. El juez Roland Fleisler, presidente de un "tribunal popular", la condenó a muerte

Gobierno de la ley

Todos reconocemos ese ideal que consiste en que quien gobierna sea la ley, y no la voluntad de los hombres que tienen el poder. Claro que si simplemente pensamos que la ley es todo lo que se le ocurra decidir a quien tenga la mayoría, entonces el ideal carece de sentido. ¿Y no es obvio e inevitable que la ley siempre sea la expresión de la voluntad de quien tanga los votos necesarios para imponerla? Pues no, no es obvio ni es inevitable.

La idea del gobierno de la ley tiene sentido si se piensa que hay algunas cosas fundamentales que deben respetarse como logros históricos de las naciones civilizadas, cosas que no deben modificarse por más que uno tenga la mayoría de votos, los 2/3, el 99 %, o la suma del poder público. Y que si esas cosas fundamentales se dejan de respetar, entonces ya no tenemos gobierno de la ley, sino gobierno de la voluntad de los que tienen el poder para hacer la ley.

Volvamos al ejemplo indiscutido del gobierno Nazi. Puede ser cierto que la mayor parte de sus crímenes (no todos) hayan sido cometidos con una ley que los autorizaba. Pero en los gobiernos que respetan la noción verdadera del imperio de la ley, ni siquiera la ley o la constitución puede alterar derechos adquiridos. En ese sentido el gobierno Nazi no era un gobierno de la ley. Recordemos que los judíos alemanes tenían derechos, y que ese había sido uno de los avances que permitían decir que Alemania se contaba dentro de los países civilizados. Antes de Hitler los judíos alemanes tenían derecho a sus propiedades, a su religión, a salir de Alemania, y a no ser encarcelados si no habían cometido ningún delito. Una nueva ley no podía alterar esos derechos adquiridos. Ni siquiera podía hacerlo un cambio constitucional. A menos, claro, que uno se contente con vivir bajo un gobierno que usa la ley como instrumento de su dominio. Pero eso nada tiene que ver con el ideal del gobierno de la ley,

Es verdad que el régimen Nazi dictó leyes contra los judíos, y también contra otras minorías. Y en eso, además de la ya señalada violación a derechos adquiridos, tenemos otra cosa que es contraria al ideal del gobierno de la ley. La ley verdadera no persigue a ningún grupo. Como dice la Constitución de los Estados Unidos: todos tienen igual protección bajo la ley (equal protection under the law). El único objetivo es facilitar la vida en común y la libre colaboración entre las personas, pero no forzar a nadie a seguir ningún camino.

Y aquí llegamos al centro del ideal del gobierno de la ley. Recuerdo que en una oportunidad le mencioné a una jovencita británica aquella parte de la declaración de la independencia de los Estados Unidos de 1776 que reconoce el derecho de cada uno a buscar la felicidad. La chica se rió desdeñosamente y opinó que lo reconocido no era mucho, era simplemente el derecho a que cada uno busque la felicidad, pero que no se daba la garantía de obtenerla. También recuerdo que le contesté que nadie puede honestamente garantizar la felicidad. Y añadí que si uno piensa en todas sus consecuencias, lo reconocido por la declaración de independencia es de enorme valor.

Pensemos cuál hubiera sido el destino de los judíos europeos y otras minorías si en Alemania se hubiera respetado el ideal de reconocer que cada uno tiene derecho a buscar la felicidad, lo que implica que nadie puede imponerle su idea de felicidad a otro. También implica que un gobierno no puede ordenarle a nadie que trabaje para la felicidad de otros, o para la grandeza del Estado. El GULAG soviético podrá haber sido regulado mediante ordenanzas o reglamentos, pero eso nada tiene que ver con el ideal del imperio de la ley.

Leyes versus Órdenes

Para que cada uno pueda buscar la felicidad las leyes tienen que hacerse como los carteles viales, que nos dicen cómo ir más rápido y seguro en la dirección en la que cada uno quiere ir. Se prohíben algunos actos peligrosos es cierto, pero en lo esencial las leyes se dedican a organizar la libertad. No nos dictan un destino obligatorio.

Siendo fiel a ese ideal se ve que no son aceptables las leyes que en Europa –por ejemplo– prohibieron durante tanto tiempo que los judíos fueran granjeros. Si alguien cree que es hábil arando la tierra tiene libertad de hacerlo. No la garantía del éxito claro, pero sí el derecho de buscar su destino de la manera que él cree mejor. Las “leyes” que le dicen a alguien cómo debe vivir su vida o buscar su sustento no son verdaderas leyes, aunque tengan la forma de tales. No organizan la libertad, no son como los carteles viales. Son órdenes dirigidas a un grupo o a un individuo.

Como el gobierno de la ley no impone caminos, también respeta la intimidad de cada uno. Qué libro decida leer uno, qué dios tenga uno, qué hobby o qué música le guste, son cosas que no le interesan a la ley verdadera. Ella es como los carteles de tránsito, que organizan el tráfico pero no deciden si es mejor ir al norte o al sur. Completamente distintas son las leyes que hacen los gobiernos totalitarios. Allí hasta el arte y la literatura son asunto de Estado.

Acuerdo versus compromiso

Cuando la ley tiene por misión organizar la libertad es posible alcanzar verdaderos acuerdos. Pensemos por ejemplo en ese artículo del Código Civil que desde hace más de un siglo establece cómo pasa a estar en mora el contratante que se comprometió a hacer o dar algo y no lo cumple (art. 509). Algunos juristas han debatido cuál es el mejor método, y todavía hay controversia acerca de si la nueva redacción que se adoptó hace varias décadas es buena o mala. Pero el tema no le ha quitado el sueño a nadie. Como la norma es meramente instrumental, es posible llegar a acuerdos. Puede haber una discusión parlamentaria acerca del sistema más seguro o económico, pero nadie gana o pierde con ese asunto.

Cosa contraria sucede cuando se debate, por ejemplo, si se van a elevar los impuestos a la exportación de trigo para mantener bajo el precio interno del pan. O si los sueldos de los docentes van a aumentar más que los de las enfermeras. Puede se que en ese asunto haya un compromiso entre distintos sectores, pero no que haya un acuerdo que parezca justo a todos. La “ley” en ese caso es el resultado de una puja que no deja completamente satisfecho a nadie, y que cada sector toma como una tregua precaria en la guerra de intereses contrapuestos.

El ideal clásico del gobierno de la ley no hace diferencia entre libertades de contenido económico y no económico. Esa dicotomía es un invento absurdo del siglo XX. Basta pensar por ejemplo que de nada vale la libertad de prensa si el gobierno puede expropiar o privar de recursos a los diarios que le molestan. No vale declamar derechos inermes, anémicos, que no tienen medios para resistir al que desee eliminarlos.

Las leyes sobre precios máximos, prórrogas de locaciones, y subsidios no son generales ni tienen el sentido de sentar una regla permanente. Se dictan contra un sector para favorecer a otro. En cambio, según el ideal del gobierno de la ley, ella debe fijar reglas imparciales y generales.

Que la ley sea “general” –no particular–, es un requisito que desde siempre se ha reconocido. Sin embargo, no siempre se advierte todo lo que implica. Es que si, la ley supuestamente “general” dice que todos aquéllos que tengan cierto ingreso, ciertas ideas, cierta raza, quedan obligados a hacer tal o cual cosa, entonces se bastardea el requisito de la generalidad.

Gobierno de la ley y democracia

Decimos que impera la ley cuando ella gobierna lo que puede hacer la autoridad, incluso la autoridad democráticamente elegida. La mitad más uno no puede obligar a la mitad menos uno a cualquier cosa. Tampoco puede hacerlo el 99 % sobre el 1 %. No es una cuestión de números. El imperio de la ley no se reduce al imperio de la voluntad de los que tengan los votos para hacer la ley.

Las constituciones pueden ayudar a recordarnos a todos (y especialmente a las autoridades) que el poder de hacer la ley no los habilita para hacer y deshacer derechos a voluntad. Pero la única garantía verdadera es la conciencia de un pueblo acerca del valor de la vida civilizada. Es más, el concepto del imperio de la ley (the rule of law) nació en Inglaterra, que no tuvo ni tiene constitución rígida –y no hay allí ninguna paradoja, sino una enseñanza sobre el sentido del concepto mismo. Pensemos que las constituciones también pueden violar el ideal del gobierno de la ley arrancando ventajas por la fuerza, o imponiendo reglas para algunos que no se aplicarán a otros. Los peligros de las constituciones no son en este sentido diferentes a los de cualquier otra ley.

El valor del gobierno de la ley

Friedrich Hayek –economista austríaco que recibió el premio Nobel por sus estudios sobre las condiciones institucionales que hace posible una economía próspera– escribió en uno de sus libros que quizá el mayor logro de la humanidad haya sido el haber encontrado un sistema que permite que las personas vivan pacíficamente y obtengan ventajas mutuas sin que sea necesario que se pongan de acuerdo sobre objetivos específicos. (Link a mi nota en inglés sobre los aportes de Hayek al entendimiento del concepto del imperio de la ley)

Veamos un ejemplo de la vida corriente: un mecánico quiere agrandar su taller y entonces compra una segunda taladradora. El que se la vende no tiene que ponerse de acuerdo con él primero acerca de si es bueno ampliar el taller, si no sería mejor comprar un compresor, o si ese dinero lo usaría mejor el panadero, que quiere comprar otro horno. Cada cual sabe cuáles son sus objetivos, los acuerdos que firmen son el instrumento que les permite alcanzar sus sueños (y cada cual puede tener los suyos). Pueden no alcanzarlos claro, pero al menos lo decidieron ellos.
         Para el gobierno de la ley la responsabilidad, tanto de gobernantes como gobernados, es fundamental. Pero esa responsabilidad no se concibe en términos de clases sociales o de razas, sino de individuos. Es necesario no confundir ese sistema con uno en el que la ley es débil y los delitos se toleran. Esa debilidad no es propia del gobierno de la ley; es el producto de la lucha (muchas veces llevada a cabo "desde adentro") por imponer ideologías contrarias al sistema legal vigente.

La posibilidad de que personas independientes tomen decisiones acerca de su propio destino es una rareza histórica, un avance que la humanidad recién empezó a concebir (y no en todo el mundo) en el siglo XIX. Esa liberación de la mente y las energías humanas tuvo por resultado progresos antes inimaginables en física y química, el descubrimiento de los usos de la electricidad, diseño de motores, fabricación de medicinas, construcción de redes de agua, de comunicación…y consecuentemente un aumento de población único en la historia. También floreció la música, la pintura, la literatura, y géneros nuevos como el cine.

Lamentablemente, la base que hizo y hace posible todo eso no recibe demasiada atención. Es el gobierno de la ley. En Argentina, repetimos como un mantra que hace falta que todos los argentinos nos pongamos de acuerdo en metas comunes, sin comprender que eso es innecesario y (si acaso fuera posible) significaría un retroceso. 
         Una tribu pequeña puede llegar a acuerdos sobre metas comunes que luego todos deben seguir. Puede decidirse que todos trabajen un día a la semana en la construcción de un templo, o decidir que sólo los nacidos en cada villorio pueden  tener un puesto en el mercado local.
         También puede decidir esas cosas el líder de un Estado totalitario. Puede ordenar que se fundan los arados para alcanzar las metas del plan quinquenal de producción de hierro (así ocurrió en China en el mal llamado "gran salto hacia adelante"). U ordenar que se gasten fortunas en producir combustible sintético a precio más caro que el natural, para lograr un suministro propio en caso de guerra. Así lo hizo Hitler. 
          Pero las naciones modernas, libres y prósperas, no son como un sistema de engranajes dirigido desde una central, sino como una red vial con reglas que le permiten a cada uno encontrar su propio camino. 

Confusiones argentinas: la economía real y la timba

Sería inexplicable que un país como Argentina permanezca obstinadamente en el atraso si no fuera porque enormes errores conceptuales la mantienen en esa situación. Argentina tiene extensos recursos naturales, no tiene conflictos étnicos, no padece terremotos, tsunamis, ni huracanes. Solamente padece por su chispa de maldad, su montaña de ineptitud, y su océano de indiferencia.

Escribí antes dos notas sobre una de esas confusiones argentinas: las llamadas políticas de Estado (link a la 1ra, link a la 2da). También sobre nuestra carencia de verdadero individualismo (se diría, la incapacidad de pensar en términos que no sean tribales). Incluso escribí otra nota sobre la propensión a falsificar el pasado, siempre un mal síntoma de la decadencia de un país.

Quiero ahora escribir sobre una frasecita que se escucha seguido en los noticieros. Dos o tres veces por semana algún periodista o entrevistado dice –como casualmente, como si fuera obvio- que tal o cual cosa afecta “la economía real”.

Implícitamente esto quiere decir que hay una parte real y otra irreal en la economía. También quiere decir que lo grave es que se perjudique lo real. Lo demás, se supone que es lo irreal, lo que no tiene contacto con la producción, es la timba financiera.

Por supuesto que nada de esto se dice claramente, todo se da por sobreentendido. Así ocurre con la mayor parte de los conceptos que dan forma (bastante fea) a nuestra historia reciente. Se los difunde con frases (repetidas sin cesar, siempre igual) que asumen implícitamente que esos conceptos son correctos.

A poco que se piense en el asunto se advierte que la suposición es falsa. Se comprende que la división entre una economía real y otra irreal no tiene sentido. Se supone que lo irreal son las actividades de los bancos y los inversores. Gente que cambia sus “apuestas” de un lado para otro, sin importarles la producción real, sin importarles el largo plazo.

Creo que todo eso es falso, o mejor dicho, absurdo. Las inversiones no pueden compararse con apuestas. Uno no tiene forma de saber qué carta va a salir, o dónde va a caer la bolilla en la ruleta. Pero sí hay formas de saber si una empresa produce ganancias, y si es conveniente invertir en sus acciones, o darle crédito. Claro que hay personas que pueden invertir por corazonadas, como si se tratara de una ruleta. Pero no es probable que los que así obran se conviertan alguna vez en inversores de importancia.

Con mayor razón esto se aplica a los bancos, que no apuestan sino que se informan y exigen seguridades antes de otorgar un préstamo.

Claro que nunca se descartan los errores, como en toda actividad humana. Los diarios nos informan a cada tanto que el directivo de tal o cual banco renunció luego de conocerse que las inversiones por él aconsejadas han dado pérdidas. Pero lo mismo ocurre en la industria. Se han gastado toneladas de materias primas y años de trabajo en proyectos inservibles. Automóviles que no gustan al público, programas de computadoras que nadie usa, libros que nadie lee.

Cuando nos enteramos que un modelo de avión se ha retirado del mercado luego de dar pérdidas a sus fabricantes durante varios años, no sacamos por conclusión que lo mismo debe estar sucediendo en el resto de la industria. Es un error, la excepción que confirma que el resto hace buenos aviones.

En cambio, cuando un banco anuncia que sus inversiones han dado pérdida, decimos con aire de sabiondos que el resto debe estar haciendo lo mismo: jugando tontamente a la ruleta.

El ejemplo sirve para comprender el error del prejuicio de suponer que hay una parte de la economía que es irreal. Quienes fabrican aviones y barcos tienen su capital en acciones que los inversores compran y venden. Cuando necesitan financiar un nuevo proyecto toman créditos. Todo eso requiere cuidadosas evaluaciones, tanto como al diseñar un producto.

Lo contrario es pensar como alguien que dijera sobre un automóvil, con aire de sabiondo: mire, a mí me interesa la realidad, los pistones y las válvulas, no esa cosa azarosa del combustible ¡Pero hombre! sin el combustible los pistones no se mueven.

Y pensándolo mejor, ni siquiera esa comparación nos da la verdadera dimensión de la unión indisoluble entre fianzas y producción. Porque al fin y al cabo, un automóvil sin combustible mantiene intactos sus pistones y sus válvulas. Pero una industria sin capital deja de existir. Una mejor comparación sería la nuestro cuerpo y el alimento: una cosa forma a la otra. Es como si un comentarista nos dijera como una obviedad: yo me preocupo por los músculos y los huesos, por la realidad, no por esa lotería tonta que es la comida. Es que los músculos y los huesos se hacen con comida.

Las inversiones cambian porque la economía es cambio constante

Al hablar de la timba financiera se asume que una parte fundamental de las economías modernas se mueve al azar. Y por “modernas” me refiero a todo lo que ha sucedido desde por lo menos el siglo XVII. A poco que uno se interese en este asunto aprenderá que la tan detestada movilidad de las inversiones es en realidad una gran bendición y requisito para que ellas sean útiles. Los inversores compran acciones y dan crédito a las empresas que hacen mayores ganancias ¿Y por qué hace una empresa mayores ganancias que otra? Porque tiene una diferencia mayor entre sus ingresos y sus gastos (igual que usted lector). En definitiva el inversor lleva dinero (capital que se podrá usar para comprar desde soldadoras a computadoras) allí donde hay más demanda (por eso el mayor ingreso) y menos desperdicio de recursos. Claro que ningún inversor hace esto por motivos altruistas. Sin embargo, su actividad y sus evaluaciones son beneficiosas, incluso esenciales para una economía moderna.

Pongamos un ejemplo. Una empresa usa acero para hacer resortes, y otra para hacer hojas de afeitar. Pensemos que ambas usan la misma cantidad de acero, pero la que produce resortes tiene mayores ganancias. Eso quiere decir que usa un bien escaso, el acero, en un producto que tiene más demanda que el otro. Quien invierta en la empresa de resortes (y no en la de hojas de afeitar) hace algo racional para él, y también para la sociedad toda.

Pero puede pasar que al tiempo haya más demanda por hojas de afeitar y entonces se invierte más allí, y menos en los resortes. Y allí probablemente haya quienes levanten el dedo acusador contra la movilidad de las inversiones. Es que no se puede invertir siempre en lo mismo. La inversión es cambiante porque la economía es cambiante. Y para que estos ajustes ocurran no se necesita ningún decreto o plan quinquenal. Lo evalúan y deciden los inversores a cada momento. Sus decisiones no son siempre acertadas, no son perfectas. Pero la historia del mundo muestra que allí donde se les ha dejado usar su inteligencia, ha habido progreso. Y que ese progreso se ha detenido donde se los ha obligado a seguir las órdenes de burócratas.

Cuando lo poco que se invierte, se invierte mal

Dicho esto, también es cierto que todos conocemos ejemplos en los que el dinero se dirige a papeles sin valor. Y eso no ya como un error individual, sino como una falta de tino generalizada. ¿Cómo puede ser que tantos se equivoquen a la vez? La mejor respuesta que yo he podido encontrar a esa pregunta es que esas cosas ocurren cuando los inversores no pueden usar su inteligencia para decidir qué es lo mejor.

El caso extremo se da cuando los inversores son obligados a usar el capital de modo menos eficiente. Un ejemplo de mala inversión obligada se encuentra en la historia reciente de la Argentina. Cuando dos gobiernos argentinos obligaron a las AFJP (Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, link a la Wikipedia) a comprar bonos de deuda pública, el “error” fue generalizado. El decreto estableciendo esta obligación de suicidarse fue firmado por el Presidente de la Rúa un mes antes de que esos bonos fueran declarados en default (no por él, sino por quienes asumieron el poder tras derrocarlo). Y de modo insólito, la orden de comprar papeles fue ratificada y ampliada por el Presidente Duhalde, quien obligó a las AFJP a comprar bonos que para entonces ya estaban en default.

Fuera de Argentina tenemos el ejemplo de la crisis de la hipotecas sub-prime ¿No es este un ejemplo de una timba financiera? Pero ¿por qué motivo tantos bancos invirtieron mal? Por supuesto, este caso es más complejo y menos grotesco que el de Argentina. Los bancos norteamericanos no fueron obligados a comprar humo. Pero fueron inducidos a bajar los requisitos de los créditos hipotecarios. Como el mayor banco hipotecario norteamericano es estatal (la FHLMC conocido como Freddy Mac), fue el líder en ese plan suicida. Otra corporación con mayoría de acciones estatal (FNMA conocida como Fannie Mae) colaboró en extender el riesgo formando paquetes de hipotecas que luego compraron bancos de todo el mundo.

La intención del gobierno norteamericano era que personas de bajos recursos accedieran a una vivienda propia. Bajando los requisitos se llegó a los créditos llamados NINJA, sigla irónica que se refiere a préstamos que se daban sin exigir ni un ingreso, ni un trabajo, ni una propiedad (en inglés: No Income, No Job, No Asset NINJA). También se llamó a estos créditos “sub-prime”, es decir, de mala calidad. Dicho sin rodeos, créditos con alto riesgo de que el deudor no pague.

Se dio crédito a gente que no podía pagarlo. Pero pensemos: no es normal que un banco haga eso. Y es casi imposible que cientos de bancos cometan ese error al mismo tiempo. En cambio, es bastante común que los gobiernos hagan eso: que den dinero a personas que o no quieren o no pueden devolverlo. En este caso lo hicieron de modo indirecto, a través de garantías y regulaciones en el mercado hipotecario que sustituyeron al buen juicio. Más que con una ruleta, eso se debería comparar con la venta de remedios milagrosos (crédito barato para todos y todas) que termina mal.

No hay una economía real –basada en la previsión y el riesgo razonable– y otra irreal –dominada por el ansia de apostar. Es cierto que a veces la frase (y el prejuicio que ella implica) también se escucha en otros países. Sin embargo, la Argentina padece de dos problemas que hacen que ese prejuicio esté aquí mucho más arraigado.

Primero, en Argentina hay muy poco ahorro interno, y eso no se debe a una deficiencia genética de nuestra población. La gente sabe que más le vale gastar el dinero. Intentar ahorrar en Argentina es como remar contra la corriente, contra una de las inflaciones más altas del mundo. No es raro que un pueblo que perdió la costumbre del ahorro vea a las instituciones financieras como algo irreal.

En segundo lugar, los gobiernos argentinos acuden al crédito ofreciendo grandes ventajas y ganancias a los compradores de títulos. Y a cada incumplimiento le siguen necesariamente ofertas todavía más tentadoras. Quienes llegan a cobrar pueden ganar mucho. Pero hay otros que son sorprendidos por alguna ley de emergencia y cobran poco o nada. También esto fomenta la convicción de que la inversión es una actividad dominada por el azar (¿me pagarán o no?), y que está separada de la producción.

Pero el sector financiero de la economía nunca es irreal. Son ahorros y recursos que ha llevado tiempo y esfuerzo reunir. Cuando se los emplea mal, la pobreza y la falta de desarrollo también es real.

Eric Hobsbawm, propaganda política o historia

Al comienzo de su carrera el historiador británico Eric Hobsbawm escribió junto con su colega Raymond Williams un panfleto en el que justificaban la invasión que la Unión Soviética había hecho de Finlandia (1939-1940). Muchos años después, Williams explicó en una entrevista que ellos no tenían mucha idea del asunto, que simplemente recibían material histórico para hacer esa tarea porque tenían cierta habilidad con el lenguaje (la anécdota ha sido mencionada en muchos diarios ingleses, basta buscar en la web: Hobsbawm soviet invasion of Finland).

Años más tarde Hobsbawm llevaría esa tarea a otra dimensión. Escribiría extensos libros de historia tendientes a justificar a la Unión Soviética. Y cuando ello no fuera posible, a minimizar sus horrores. También, a tratar de salvar algo de su legado para usarlo en otro intento.

No debe extrañar entonces que los libros de Hobsbawm tengan una muy favorable recepción en la Argentina. Son texto de estudio en las universidades, e incluso he visto que se emplean para cursos de historia complementarios del secundario, o para la tercera edad. Tras la muerte de Hobsbawm el 1 de octubre de 2012, el diario La Nación publicó cuatro artículos (de Maximiliano Tomas, Luisa Corradini, Andrés Reggiani, y Ana María Vara), con elogios que superaron con creces los dados al historiador en la propia Gran Bretaña. El dato es particularmente revelador del dominio absoluto de Hobsbawm en los medios intelectuales argentinos, si se tiene en cuenta que La Nación es –de entre todos los diarios argentinos– el más alejado de la ideología marxista de Hobsbawm. Maximiliano Tomás llegó a escribir que Hobsbawm quizá significó para la historia lo que Einstein fue para la física.

Sin ser un historiador, me permito disentir con esa afirmación. Creo que los libros de Hobsbawm están plagados de las más evidentes distorsiones históricas, todas ellas destinadas a encontrar logros que puedan adjudicarse a la Unión Soviética.

El obrero norteamericano ganaba bien gracias a Stalin

Un ejemplo notable de esa concepción propagandística de la tarea del historiador se puede ver en la nota que Hobsbawm escribió tras la caída del muro de Berlín, y la disolución de la Unión Soviética. El artículo llevaba el nostálgico título Adiós a todo aquello (“Goodbye To All That”, publicado en Marxism Today, october 1990). Entre otras cosas, allí Hobsbawm argumentaba que “…más allá de lo que Stalin pueda haberle hecho a los rusos, fue bueno para la gente común de occidente”. ¿Cómo? Pues sí nos explica Hobsbawm: resulta que gracias al miedo que inspiraba Stalin en los líderes capitalistas de occidente, ellos se convencieron de que debían mejorar el nivel de vida de la gente común, lo que resultó en mejores sueldos y seguridad social. Así es, los sueldos en Estados Unidos eran más altos gracias a Stalin.

Lo que ese argumento demuestra es mucho más que el ingenio desbordado de Hobsbawm para encontrar motivos de alabanza a la Unión Soviética, o suavizar las críticas inevitables. También demuestra un desconocimiento alarmante de la forma en la que se establecen los salarios en una economía competitiva, y diría más, muestra un desconocimiento básico de lo que es el mundo.

Los sueldos en Estados Unidos eran más altos que en la Unión Soviética por las mismas razones que hacían que ya fueran más altos que los pagados en la Rusia de los zares. El trabajo de los obreros norteamericanos era y es más productivo porque dispone de más capital (herramientas más avanzadas, etc.) y tiene una dirección empresarial con menos trabas burocráticas. Todavía hoy la productividad de trabajo en Estados Unidos (valor producido por hora trabajada), es casi el triple que el de la Federación Rusa. Las estadísticas están en la web.

Hobsbawm parece no haber sido capaz de razonar que si la causa de los mejores sueldos occidentales fuera el miedo de algunos dirigentes, entonces los sueldos debieron haber bajado en occidente cuando ese miedo dejó de tener motivo, luego de la disolución de la Unión Soviética. ¿Bajaron los sueldos occidentales porque cayó el muro de Berlín?

El argumento de Hobsbawm revela una visión del mundo en la que una camarilla de dirigentes y empresarios fija los sueldos de acuerdo a sus miedos y estrategias políticas. Esta visión corresponde más a una película de James Bond que a la realidad. Marx mismo hubiera advertido que las razones que explican los niveles de salarios tienen que buscarse en mecanismos impersonales del mercado, y no en estrategias políticas.

Esa visión irreal del mundo le impide a Hobsbawm dar alguna explicación coherente de los más importantes acontecimientos históricos. Cuando en su libro Historia del Siglo XX debe analizar el fracaso de la economía soviética, dice que Estados Unidos tuvo la ventaja de ver cómo “sus satélites” (Europa y Japón) se convertían en economías florecientes. Apunta que ello se debió a “buena suerte histórica” y a la “política” norteamericana. Obviamente hay cientos de razones por las cuales los países de Europa occidental –que no eran satélites, no en el sentido en el que lo eran Hungría o la Alemania Oriental- progresaron y que no tienen nada que ver con la suerte.

La forma más corriente con la que Hobsbawm distorsiona los hechos es –como en el caso de su intento de hacer comparables las situaciones de las dos Alemanias llamándolas a ambas “satélites”- la de insertar breves afirmaciones que se dan por evidentes, sin dar mayores razones. Es que cuando se las analiza de cerca se revela la distorsión. Hobsbawm mismo califica a muchas de esas afirmaciones como “paradójicas” o “ironías de la historia”. Así por ejemplo sostiene que la Unión Soviética salvó al mundo occidental en la segunda guerra mundial al vencer a Hitler. 
        Cualquier niño de escuela al que se deje pensar por sí solo unos minutos advertirá que Stalin se salvó a sí mismo. Mientras los Nazis atacaban a Polonia, a Francia, Holanda, y Gran Bretaña, Stalin miraba satisfecho los acontecimientos. Los partidos comunistas de occidente incluso recibieron la orden de oponerse al esfuerzo de guerra, y así lo hicieron en Francia y en Gran Bretaña. Militantes de izquierda protestaron en Londres, y el diario británico comunista Daily Worker describió a los aliados como "la máquina de guerra imperialista". La orden de apoyar la guerra contra Hitler sólo se dio cuando él decidió invadir la Unión Soviética.

Pero todavía hay más. La segunda guerra mundial comienza con la invasión alemana y soviética a Polonia. Este hecho evidente es imposible de negar, pero se menciona poco. Siempre se habla y se escribe sobre la invasión alemana…cuando del otro lado las tropas soviéticas también cañoneaban e invadían a los polacos. Hitler invadió Polonía sin importarle el ultimátum de Francia y Gran Bretaña, pero contando con un pacto con la Unión Soviética.

Soldados nazis y soviéticos celebrando con un desfile conjunto la invasión a Polonia

“Cierta habilidad con el lenguaje”

Hobsbawm es poco convincente cuando se decide a dar argumentos. Lo que sí abunda en su obra son los rótulos. Se confirmó con creces aquella referencia inicial acerca de su habilidad con el lenguaje cuando se le encargó defender la invasión a Finlandia. A las revoluciones que no son marxistas las rotula como “burguesas”. Al debate entre los defensores del capitalismo y del comunismo lo compara desdeñosamente con una guerra  religiosa. Sobre todo, usa constantemente adjetivos de catástrofe: sus libros abundan en frases sobre el hundimiento de los mercados, el desmoronamiento del capitalismo, la caída, la disolución del cemento que sostiene las instituciones. Las creencias liberales se “desploman” todo el tiempo. Si uno lee La Historia del Siglo XX, llegará a convencerse de que todo se “desmorona” constantemente en el capitalismo. Si uno observa la historia en cambio –y es historia reciente– comprobará que lo que se desmoronó fueron los regímenes comunistas.

En su esfuerzo propagandístico Hobsbawm hace poco uso de la teoría marxista, aunque emplee ciertas palabras como “clase”, “contradicciones”, etc., que dan un sabor marxista a sus libros. Pero es un sabor añadido, que no llega a los ingredientes fundamentales de la obra de Hobsbawm. Es necesario tener en cuenta que el marxismo es una teoría económica e histórica específica, no una bolsa informe en la que se pueda introducir un poco de todo, desde algunas nociones Keynesianas, hasta la anti-globalización. Es tarea del propagandista usar todo argumento que pueda tener efecto. Pero el marxismo no es eso, sino una teoría definida, que parte del concepto de plusvalía, que a su vez se basa en una explicación específica acerca del valor de cambio de las mercaderías: la teoría del valor trabajo.

Más allá de sus simpatías con la Unión Soviética, y su declarada admiración por Marx, Hobsbawm no muestra en sus libros interés alguno por las ideas propiamente marxistas. Tampoco les interesa eso a sus lectores. He leído algunos comentarios que tratan de explicar este desinterés tan típicamente marxista por las ideas de Marx señalando que esa teoría no es “cerrada”. Si con esto se quiere decir que sus conceptos fundamentales pueden aplicarse a distintos hechos, nadie lo discute. Pero si lo que se alega es que por “marxismo” puede entenderse cualquier idea más o menos opuesta al capitalismo (muchas de las cuales combatió Marx), y dejar de lado como trasto incómodo y sin valor explicativo las teorías del valor-trabajo, la plusvalía, etc. entonces se convierte al marxismo en un rótulo más.

El método de la distorsión histórica

Las distorsiones de Hobsbawm se dan en cada una de las páginas que escribió. Y siempre se ve el mismo método: son afirmaciones como al pasar, que se dan por evidentes. Abro uno de los artículos de Hobsbawm en Marxism Today: titulado Rescatado de las Cenizas, y veo un ejemplo de lo que acabo de decir. Hobsbawm escribe que en la primera mitad del siglo XX el capitalismo pareció darle la razón a los pronósticos de derrumbe que Marx pronunciara desde 1848, ya que –dice Hobsbawm– “el capitalismo fue a dos guerras mundiales”.

Luego sigue enumerando otros pecados del capitalismo, pero paremos allí y pensemos un poco. No es cierto que “el capitalismo” haya ido a dos guerras. La segunda guerra mundial empezó cuando dos estados totalitarios y anti-liberales invadieron Polonia. Hobsbawm mismo dice en su Historia del Siglo XX que el Nacional-Socialismo era claramente anti-liberal. Hitler combatió el libre mercado, y embarcó a Alemania en una economía dirigida desde el Estado.

Video Neonazi tomado de YouTube que muestra claramente el carácter anti-capitalista del Nacional-Socialismo. En cambio, los historiadores que necesitan atacar el capitalismo tratan siempre de minimizar la radical oposición entre capitalismo y Nazismo. Los Neonazis dan una versión más genuina de la ideología en la que ellos creen

En Alemania, el famoso teórico filo-Marxista Werner Sombart se convirtió sin necesidad de hacer muchos cambios en sus ideas en filo-Nazi, y en su libro Héroes y Comerciantes, contrapuso el ideal comunitario y nacionalista alemán con la despreciable moralidad individualista y comercial que él identificaba con Gran Bretaña.

Hitler llamó a los británicos “almaceneros”, y durante toda la guerra sus oficinas de propaganda describieron a las potencias occidentales como “plutocracias”. Hitler mantuvo la propiedad privada, pero las empresas pasaron a ser ejecutoras del plan estatal. Y el que se oponía e intentaba elegir libremente los destinos de su propia fábrica, como lo intentó el empresario aeronáutico Hugo Junkers, terminó preso.

Pero la frase de Hobsbawm “el capitalismo fue a dos guerras” también es falsa respecto de la primera guerra mundial. Ya entonces Alemania estaba dominada por una ideología anti-liberal, y fuertemente estatista. Y antes todavía, Bismark había creado el socialismo de Estado en Alemania (en realidad el socialismo real siempre es “de Estado”).

Por último, también es evidente que la Unión Soviética fue uno de los dos Estados totalitarios que participó de la segunda guerra mundial –y de la invasión que le dio inicio– así que la frase “el capitalismo fue a dos guerras mundiales” es sólo una muestra de la confianza ilimitada que Hobsbawm tenía en la docilidad de sus lectores.

Se dirá que si bien estas afirmaciones distorsionan los hechos de forma evidente y fundamental, son meras frases aisladas. Pero es que ellas, repetidas en mil variantes, son las que dan contenido a la obra de Hobsbawm. En los pocos momentos en los que abandona ese “método” y se atreve a brindar algún razonamiento, falla estrepitosamente, como cuando intenta explicar los buenos sueldos en Estados Unidos y Europa occidental gracias al camarada Stalin.

“Casi sin coerción…”

El dominio de Hobsbawm sobre los académicos argentinos, incluso los que no se consideran marxistas, es notable. Hobsbawm también fue admirado en Gran Bretaña, aunque no con la cómoda unanimidad que parece reinar en Argentina. Poco tiempo después de su muerte, y luego de algunos elogios, una nota en el diario Times de Londres recordaba una de las tantas distorsiones históricas que llevan el sello de Hobsbawm. Decía él en su libro “On History” (traduzco de la cita del Times) que “por más que al final los sistemas comunistas hayan resultado frágiles, sólo usaron muy poca coerción armada, meramente nominal, para mantenerse desde 1957 a 1989”.

Como siempre, Hobsbawm recorta hábilmente sus “períodos históricos”. En 1956 la Unión Soviética invadió Hungría, y por eso le basta con empezar en 1957 para dejar ese hecho afuera. Pero de todos modos le queda adentro la invasión a Checoeslovaquia. Aquí también, como frase obvia lanzada al pasar, Hobsbawm minimiza un ejército de medio millón de soldados que invade un país, por el pecado de intentar otra versión del socialismo. Por supuesto, la frase también minimiza el muro de Berlín con sus centinelas, y la persecución de disidentes en la propia Unión Soviética. Cierto…muy poco uso de la fuerza armada, casi nominal...

Praga, 1968

Funcionarios afuera de la ley común

           Responsabilidad de los funcionarios y del Estado en el proyecto de Código Civil de 2012  

Días atrás el diario La Nación publicó un interesante editorial acerca del proyecto de Código Civil (que incluye al Comercial) sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos. Su título fue “Impunidad asegurada por ley”.

El diario alerta que el Poder Ejecutivo Nacional ha cambiado el texto original del proyecto, y que ha puesto la responsabilidad de los funcionarios afuera del Código Civil.

En realidad (como en casi todos los temas) lo que el proyecto así reformado hace es dar aval a una diferencia legal entre funcionarios y habitantes comunes que ya hace rato se viene ensanchando en Argentina.

Link al proyecto. Los artículos que comentaré son el 804, 1764, 1765, y 1766.

El asunto viene de lejos

Vamos al origen. En la historia de los países occidentales hay dos sistemas para regir la responsabilidad de los gobiernos y de sus funcionarios. El más antiguo es el inglés clásico: en él tanto el gobierno mismo como los funcionarios están sujetos a las mismas leyes que rigen para los ciudadanos comunes. No sólo eso: no hay jueces especiales, ni para los funcionarios ni para el gobierno. Los juicios contra los funcionarios se llevan cabo ante los mismos juzgados y con los mismos criterios que se usan para todos los demás. Si el gobierno mismo incumple un contrato, se lo juzga con las mismas reglas que se aplican al almacenero que deja de cumplir su contrato.

 Sin negar que este sistema puede tener sus problemas, creo que en lo fundamental es el mejor. Hay otro sistema, que es el francés que surgió tras la revolución de 1789. En él se establecieron jueces especiales y leyes especiales para todo lo que se relacionaba con el gobierno. Se lo conoció con el nombre de “droit administratif”. Los historiadores dicen que esa separación se debió a la desconfianza que las autoridades revolucionarias tenían contra los jueces comunes. Ellos querían designar especialmente a los jueces que algún día podían juzgarlos.

Por mi parte creo que la explicación de la diferencia va más allá, que es más profunda. Los revolucionarios franceses veían al Estado (así escrito con mayúscula) como un ente superior y supra-humano. Era la cristalización de la voluntad general. El Estado era la nación misma, y no podía estar sujeto a las mismas reglas y jueces que sus súbditos.

En Inglaterra en cambio, nunca se perdió la idea de que el gobierno al fin y al cabo es un grupo de hombres. Esa diferente manera de ver las cosas se ve hasta en el lenguaje: los ingleses rara vez hablan del “Estado”; ellos se refieren “al gobierno”, y de esa manera nunca pierden de vista que no están hablando de un ente abstracto que encierre en sí mismo a toda la nación.

Probablemente esa forma correcta de ver las cosas fue ayudada por el hecho de que el gobierno inglés tuvo desde tiempos remotos un hombre como símbolo: el rey. Todos saben, incluso los que lo aman, que el rey no es la nación entera, el rey no somos todos. Y ningún rey inglés tomó jamás suficiente alcohol como para no darse cuenta que sería un disparate afirmar que “el Estado soy yo”.

Que el rey mismo no pueda ser juzgado no es problema, ya que tampoco puede tomar ninguna medida sin sus ministros. Y como los ministros están sujetos a las mismas leyes que los granjeros o los vendedores de diarios, resulta que las leyes comunes rigen también para el gobierno.

Los historiadores británicos Maitland y Montague escriben que uno de los jueces de Ricardo II lo asesoró asegurándole que podía negarse a respetar una ley que ponía un límite a sus poderes. El juez fue ahorcado por traidor, y desde entonces nadie ha insistido en Gran Bretaña con esa clase de teorías que ponen al gobierno y sus funcionarios por encima de la ley que rige para todo el mundo.

La exposición clásica del sistema inglés y de sus diferencias con el francés se encuentra en el famoso libro de Alfred Dicey: The Law of the Constitution (link a la versión gratuita de la obra; desgraciadamente no hay traducción española). Todavía hoy -y con toda razón- hay primeros ministros de Gran Bretaña que citan ese libro.

         En Argentina

Vélez Sársfield adoptó el sistema inglés. Bastó para ello un solo artículo de su Código, el 1112, que dice que los funcionarios están sujetos a las mismas disposiciones sobre su responsabilidad que los demás. No sólo eso, el Código Civil incluye al Estado mismo entre las personas jurídicas, y todo el régimen básico le es aplicable.

Ya dije en un artículo anterior que desde los años 30-40 del siglo pasado, la gran mayoría de nuestros juristas se ha dedicado a desprestigiar y a intentar reemplazar la magnífica obra de Vélez. En ello la vanidad personal ha jugado un papel bastante considerable, pero no el único.

En los años 30, y con mayor fuerza en los 40, nuestros juristas adoptaron las doctrinas colectivistas de moda en Europa. En esa época se imponía la supremacía del derecho público, la intervención de los funcionarios en los contratos, y la ampliación de los poderes discrecionales de los jueces. Ya en ese tiempo, grandes juristas advirtieron sobre las injusticias que así se cometerían: así lo hizo Ripert en Francia, y Hedemann en Alemania.  De modo insólito, en el siglo XXI los juristas argentinos siguen escribiendo nuevos tratados en los que presentan como “novedosas”, aquellas malignas teorías que vienen repitiendo desde hace más de medio siglo.

Una de los tantas malas ideas que entonces decidieron copiar fue la del “droit administratif” francés. Recomendaron y consiguieron que se sancionaran leyes que empezaban a establecer jueces y leyes diferentes para los funcionarios y para el Estado. (Los políticos argentinos rara vez se atreven a pensar por sí mismos algo que viene recomendado por un comité lleno de diplomas).

 ¿Cómo armonizaba esto con las reglas del Código Civil? Bueno, simplemente no haciendo caso al Código Civil. Por eso digo que el Proyecto que ahora se va a aprobar viene a legalizar algo que ya hace décadas se venía imponiendo de hecho.

Un proyecto malo, y el PEN lo hace peor

 No era necesario cambiar el Código Civil para volver a la buena senda. Bastaba con revertir la tendencia a violarlo.

En este tema de la responsabilidad de los funcionarios el proyecto repetía la regla actual, pero agregaba que su responsabilidad era concurrente con la del Estado. Esta declaración genérica no agregaba nada relevante, porque tampoco se aclaraba cuándo hay concurrencia, que es la pregunta fundamental.

El PEN consideró que le proyecto no era suficientemente malo, y optó por adoptar explícitamente el sistema francés: los funcionarios tendrán leyes y jueces propios.

Lo que la encomiable nota del diario La Nación no aclara es que con la reforma también el Estado mismo (el gobierno argentino) queda afuera de las reglas que rigen para todos los habitantes del territorio argentino (arts. 1764 y 1765).

Para ser justos hay que decir que el PEN se encontró con un proyecto que en este tema (la responsabilidad del Estado mismo) creaba un enredo que no podía dejar pasar. Ya dije en otro artículo que el proyecto hace borrosa la frontera entre lo legal y lo ilegal (¡nada menos!). Pues bien, también aquí el texto elaborado por la comisión usaba la técnica del “galimatías y luego vemos…el juez decidirá”.

La versión original del proyecto (art. 1766) establecía que el Estado es responsable (que deba pagar indemnizaciones, etc.) incluso por sus actos lícitos. No contento con eso, decía que esa responsabilidad era objetiva. Que la responsabilidad sea objetiva significa que incluso si el Estado actuó sin malas intenciones y sin negligencia, poniendo todo el cuidado, igual es responsable. Pero...si no importa que el acto sea legal y cuidadoso, ¿cuál es la condición, la razón por la que entonces se condenaría al Estado? El proyecto de la comisión establecía en su artículo 1766 que el Estado era responsable (es decir, que podía ser demandado a pagar indemnizaciones, a detener su acción, etc.) por “actos lícitos que sacrifican intereses de los particulares con desigual reparto de las cargas públicas”.

A poco que se piensa, se avierte que el artículo proyectado era un galimatías. En este tema (como en tantos otros) la comisión no tuvo en cuenta el significado práctico de sus disposiciones. Simplemente se recopilaron las doctrinas en boga entre los académicos de las universidades argentinas y se les dio forma de ley. Ahora bien, cuando se enseñan esas doctrinas solamente resulta confusión entre los alumnos, futuros jueces y abogados, pero eso –con ser grave– no es fatal porque ellos enseguida advertirán que lo único que se les pide es que repitan el galimatías para aprobar la materia. Lo fatal es que se crea que el galimatías también puede ser una ley.

Veamos. Las cargas públicas siempre han estado desigualmente distribuidas. No sólo ahora, cuando millones de personas que jamás se pararon a mirar un campo de soja viven del impuesto a la exportación de soja. También en otras épocas había gente que pagaba altos impuestos y otra que no pagaba nada.

En cuanto a la otra parte del artículo -el sacrificio de intereses particulares por actos lícitos- si eso diera lugar a indemnizaciones los gobiernos y hasta las municipalidades deberían pagar indemnizaciones cada vez que dictan una ley u ordenanza. Por ejemplo, cada vez que deciden desafectar una manzana en la que había una plaza, sacrifican el interés de los niños, de los joggers, y de los novios. Ya señalé en otra nota por qué creo que estos intentos del proyecto de reemplazar el principio de legalidad son imposibles y terminan en una remisión encubierta a lo que les parezca bien a los jueces en cada caso.

Hay que ser justos entonces, con la comisión y con el PEN. El Poder Ejecutivo al menos tiene en claro que la suya no es una actividad académica, y no podía abstraerse de las consecuencias de la propuesta. Tenía que cambiar el proyecto originario. Y sus modificaciones simplemente dan forma legal a una separación entre las reglas que se aplican a los funcionarios y a los particulares, que se viene imponiendo hace décadas por imitación (a veces inconsciente, de segunda, o tercera mano, de un autor que copió a un autor, que copió a un autor…) del modelo francés del “droit administratif”.

En cuanto a la comisión, se limitó a dar forma legal a lo que se enseña en todas las facultades de derecho desde hace varias décadas. Queda al lector decidir si esto es motivo de consuelo o motivo de alarma.

Un detalle final: el PEN también modificó el art. 804. Agregó un párrafo que dice que cuando los funcionarios desobedezcan órdenes judiciales estarán sujetos al derecho administrativo, no a la ley común que rige para todo el mundo. Ese es otro paso gravísimo para poner a los funcionarios más allá de la ley. A primera vista el agregado parece inocente, porque después de todo también la ley administrativa puede hacer responsable al funcionario personalmente (con su propio bolsillo y persona), y no sólo al ente Estado –con lo cual pagamos todos. 

En teoría esta modificación no excluye que por ley administrativa y no civil se adopte el mismo criterio que la ley actual. Sin embargo, tampoco excluye lo contrario.

Semejante asunto se deja en el aire. Se recurre a la solución, tan usada en el proyecto, del “ya veremos después qué hacemos”. Esto es parte de la técnica que empezó a imponerse en los años 30 y 40 y que hoy sigue de moda -nadando en formol- en las universidades argentinas. Las leyes se prefieren vagas, elásticas, y moldeables. Entiéndase, moldeables por los que tengan el poder.