miércoles, 19 de mayo de 2021

El periodismo populista argentino

     Hace unos veinte años atrás el periodismo argentino todavía era parecido al de otros países. Estaban los que escribían o leían noticias y los que hacían editoriales. Las notas de opinión daban (lo dice la palabra) una opinión a favor o en contra de algún proyecto o de algún político.

     Pero hace ya más de dos décadas surgió algo nuevo. En la radio, en la televisión, en los diarios, algunos periodistas empezaron a cargar contra “los políticos” sin admitir distinciones. Incluso empezaron a despreciar el debate de ideas, en el que ellos mismos habían tradicionalmente participado. Empezaron a reclamar que cesaran las discusiones y que todos se pusieran de acuerdo en un plan o idea. Comenzaron a machacar cada mañana la noción de que a “la gente” no le interesa discutir si está bien que un gobierno cierre escuelas o prohiba exportaciones. “La gente está en el medio”, es decir, no tiene parte ni le concierne nada de eso, degradado como un entretenimiento frívolo de políticos que en cambio deberían “sentarse a una mesa a negociar” y llegar a un acuerdo.

     ¿Acordar qué cosa? No interesa qué ni cómo, lo que se reclama es que no haya discrepancias.

     En Gran Bretaña, si un periodista cree necesario criticar una medida del gobierno de Boris Johnson, lo hace y lo fundamenta, pero no agrega dos o tres líneas expresando su desprecio por "los políticos". En España, un periodista puede apoyar una propuesta de la oposición, pero no reclama que Sánchez, Casado, Abascal, y Errejón se sienten a una mesa a negociar un Gran Pacto Nacional. En Argentina, esas mamarrachadas se repiten todas las mañanas en los medios y son vistas como excelentes productos del intelecto. Es que el retraso de Argentina ya no se limita a lo económico.

El rechazo al debate público y el amor a la negociación oculta

     Se debatió hace muy poco si debían suspenderse las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires y en todo caso, quién era competente para decidirlo. Era una cuestión concreta que afectaba a millones de personas y sobre la que había que considerar los datos y las propuestas. Sin embargo, en muchos programas mañaneros se comentaba el asunto como una disputa “política” (que se entiende sinónimo de irrelevante). Lo que le importa a la gente es saber si mañana tiene que llevar o no a su chico al colegio, nos machacaban. Es decir, a los padres les da lo mismo qué es lo que se decida, “la gente está en el medio”, los políticos tienen que negociar y llegar a un acuerdo ¿Con base en qué datos? ¿Cuál acuerdo? Pues no, con honrosas excepciones, la misión que asumieron muchos periodistas fue propalar que la información no interesa, que no le importa a “la gente” cuál sea la decisión, lo que quieren es que no haya debate. Esto era obviamente falso. La gente, los padres, al menos muchos de ellos, tenían opiniones muy concretas y manejaban más datos que los opinadores mañaneros.

     Buena parte del periodismo se ha acostumbrado a repetir latiguillos. Por eso basta que los instalen uno o dos personajes para que los demás los repitan. Se dijo así que la cuestión de las clases presenciales se había “politizado”, lo que se supone es algo así como degradado. En vez de discutir, Larreta y Alberto debían “sentarse a negociar” y anunciarnos luego lo que ellos habían acordado. Además, cuando se planteó la pregunta acerca de quién tenía competencia constitucional para decidir sobre las clases se instaló el latiguillo “fracasó la política, la cuestión no debió haberse judicializado”. Obvio ¿a quién se le ocurre que una disputa constitucional sea decidida por la Corte Suprema? En resumen, no debe haber controversia porque eso es sinónimo de “politica” y tampoco una decisión judicial porque es un “fracaso de la política”. Tenía que haber una “negociación”, sentados a una mesa (en la imaginación periodística todas las negociaciones son en una mesa) a la que están invitados algunos líderes y que se hace a puertas cerradas. Eso es lo que corresponde a una república. O no?

La fácil indiferencia

     Sin duda, una de las ventajas que explican el auge de la arenga a ciegas, es que es más fácil. No se necesita leer ni aprender nada antes de subirse a un pedestal, culpar a “los políticos” y desdeñar las controversias. Ni siquiera es necesario saber cuáles son las partes en discusión ni qué cosas se debaten. Por eso, muchos periodistas, opinadores, y analistas argentinos han empezado a aplicar el mismo método a la política internacional. Así se vio en un debate del programa Intratables que la crisis de Venezuela se adjudicaba tanto al gobierno de Maduro como a la oposición: “ambas partes tienen la culpa”. Ese desinterés petulante por los datos y las diferencias me pareció tan obsceno que lo comenté en este blog (link).

     En estos días veo en TV sujetos que se presentan como “analistas internacionales” que aplican la misma receta infalible al ataque con cohetes de Hamas y la respuesta de Israel: ambas partes son culpables, etc., etc.

    Uno se pregunta qué dirían estos analistas ante la Segunda Guerra Mundial: tanto los aliados como los nazis son culpables, tendrían que sentarse a negociar, la gente está en el medio, le es indiferente esta disputa, Churchill debe hacer una autocrítica, etc. Y así para cualquier conflicto o problema. No se necesita tener datos ni entender ideas.

La facil (y falsa) objetividad

     Otra ventaja de subirse a un pedestal y culpar a todos y a nadie en particular es que parece coincidir con la objetividad. Sin embargo, allí se confunde el no distorsionar la verdad para favorecer a un bando o a una propuesta sobre otra (eso es ser objetivo) con algo muy distinto: distorsionar la verdad para decir que son iguales. 

     Es lo que hicieron en Intratables los que igualaron a Maduro con la oposición venezolana. Lo hicieron también economistas liberales como Espert y Milei que negaron que hubiera diferencias relevantes entre el gobierno de Mauricio Macri y los kirchneristas que le precedieron. Había mil datos, desde política exterior hasta el cese de la importación de gas, que indicaban lo contrario. Incluso si uno considera irrelevante para el liberalismo que se respeten o no las instituciones, si el liberalismo se reduce a índices económicos, no es menor que en poco tiempo Argentina hubiera avanzado 23 puestos en el índice de competitividad que elabora el Foro Económico Mundial, que mide parámetros que van desde la infraestructura hasta la innovación tecnológica. Lo que analistas y expertos hiciron entonces fue ocultar datos, no mencionarlos, y cuando saltaban a la luz minimizarlos todo lo posible para poder machacar que no había diferencias.

El aporte de Alconada Mon a la confusión

     Un ejemplo más reciente de lo que vengo señalando lo ha dado el conocido periodista Hugo Alconada Mon en su nota en el New York Times (edición en español) del 18/5/2021 link. Allí desdeña los debates entre el gobierno de Alberto Fernández y la oposición como una mera pelea por votos en la que no están interesados los argentinos (curiosa esa arrogancia periodística en declarar qué interesa y qué no al lector). Alconada Mon escribe que para “salir del pantano económico y social que nos hunde desde hace décadas” hay que “superar la polarización”. Desde las alturas de su mirada imparcial, describe al gobierno liderado por Cristina Kirchner y a la oposición con el ex-presidente Macri como cabeza visible, como dos contendientes en el ring de una pelea sin sentido. Macri, que durante su gobierno fue apaleado por ser tibio, ahora es acusado de ser el jefe de los halcones. Pero en verdad, para Alconada Mon carecen de relevancia los debates sobre educación, sobre el comercio exterior, las ocupaciones de tierras, o la renovación de alianzas con dictaduras de todo el mundo. La gente, decreta el periodista, carece de interés en esas disputas políticas.

     Alconada Mon alerta que si “los políticos” no se ponen de acuerdo, habrá un estallido de furia ciudadana como el que en 2001 sirvió para derrocar al presidente de la Rúa (y digamos todo, colocar en su lugar al que había perdido las elecciones, el peronista Eduardo Duhalde).

     En esa advertencia hay dos distorsiones, una actual y otra histórica.

     La actual consiste en ocultar que el gobierno de Alberto Fernández gobierna haciendo caso omiso de la oposición, con DNU, con resoluciones del BCRA y de la Secretaría de Comercio. El único tropiezo que la oposición le ha causado al 4to gobierno Kirchnerista es mantener clases presenciales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero esto no es suficiente para la unanimidad que demanda Alconada Mon. No basta que el gobierno pase por encima de la oposición: la oposición debe aceptarlo. Así es como funcionan las repúblicas en todo el mundo. O no?

     La distorsión histórica es ignorar que la revuelta de 2001 se asentó en el mismo rechazo a “los políticos” que ahora se vuelve a instalar. En el desprecio, las burlas a las instituciones fogoneado desde diarios, radios, y televisión, y hasta en el llamado a escraches desde esos medios.

     En una nota anterior en el mismo diario, Alconada Mon hace otro aporte -que no es suyo ni original- a la confusión. Bajo el título “Necesitamos un Pacto en Argentina” (22/2/2021) sostiene que nuestro país debe adoptar algo similar a los Pactos de Moncloa que se acordaron en España en 1977. Lo que olvida mencionar es que ya al año siguiente, en 1978 se sancionó la Constitución Española que rige hasta hoy. Los pactos fueron parte de la transición hacia la democracia y esa Constitución. Si los periodistas argentinos que reclaman pactos tuvieran algún interés en observar la política española, advertirían que hoy lo que se discute o se apoya es la Constitución, no los pactos que llevaron a ella. 

     La obsesión que reina en los medios argentinos por un Pacto no se explica por la admiración a la transición española (sobre cuyos detalles históricos no hay el menor interés) sino por la pasión, muy argentina, por la unanimidad. Se supone que los políticos se deben “sentar a una mesa” a negociar y convocar “a los sectores del trabajo y la producción” para acordar una salida para el país. Todo, claro, a puertas cerradas y con asistencia de cúpulas partidarias, sindicales, y empresariales. No en el Congreso y en público. Los que no estén de acuerdo son vendepatria, enemigos de la nación. Porque no es la experiencia española de 1977 la que inspira los llamados a un pacto, sino la italiana de los años 30.

domingo, 26 de julio de 2020

Roberto Gargarella: cambiar la parte orgánica de la Constitución Argentina


Publiqué en el diario El Federal una nota (link) sobre las propuestas de cambios al sistema de representación política que Roberto Gargarella viene impulsando ya hace varios años. Querría ahora complementar lo que allí expuse.
     Desde sus notas en los diarios La Nación y Clarín, entrevistas y clases online, Gargarella critica el sistema representativo que diseña nuestra Constitución. En un reciente artículo incluso sostiene que es un sistema para la impunidad y que ofrece opciones extorsivas a los votantes (La Nación del 3/7/2020, también en Clarín 5/9/2019). Semejante denuncia, lanzada por uno de los académicos con mayor presencia en medios de circulación masiva, y que pasa por moderado, merece un examen detallado.
     En una nota anterior de este mismo blog (link) me ocupé de las opiniones que Gargarella ha formulado sobre la llamada protesta social. Este fue el tema al que dedicó su libro “El Derecho a la Protesta. El Primer Derecho” (Editorial Ad-Hoc 2005). Desde hace algún tiempo, y sin abandonar su prédica en favor de ese método de lucha política, ha añadido las asambleas ciudadanas que, como las protestas, es una forma de saltar por sobre la representación política para que el pueblo exprese directamente su voluntad (o más exactamente, para que la expresen los que concurran a las marchas y asambleas).
     Gargarella critica la Constitución Argentina y otras similares porque a su juicio las reformas que incorporaron derechos sociales y económicos en su primera parte debieron al mismo tiempo haber reformado la parte orgánica, es decir, la que regula las instituciones, el Congreso, la Presidencia, y el Poder Judicial, sus facultades y límites. Esta parte esencial de la Constitución es su “sala de máquinas” (como la llama Gargarella), y es la que en su opinión falta reformar (ver su libro “La Sala de Máquinas de la Constitución” Ed. Katz; disertación en Parlamento de Uruguay YouTube, notas en La Nación del 4/10/2018 y 11/4/2019, Asimismo Clarín 29/11/2019).
     Creo que las ideas que expone Gargarella son una distracción inútil que saca de foco (deja en la oscuridad) a los verdaderos problemas. Lo que es peor, contribuyen (quizá sin intención) a perpetuar confusiones que han causado enorme daño al país.
     Analizaré cinco errores en su análisis, empezando por el más obvio y siguiendo con los más oscuros, que quizá por ello son los más peligrosos.

Primer error: el problema no es el sistema representativo
     En su diagnóstico Gargarella afirma que la misma impunidad que se observa en Argentina se da también en los países que tienen sistemas similares al nuestro. Explica “No es por azar que la tríada de los males mencionados -abusos de poder, corrupción, impunidad- aparezca, recurrentemente, en contextos y países diversos, reunidos básicamente por una similar estructura institucional.(La Nación, 3/7/2020)
     Eso no es cierto, Argentina tiene una Constitución y un sistema representativo que no difieren demasiado del de otros países de la región y del mundo que, sin embargo, no tienen ni por asomo los niveles de corrupción que ha padecido Argentina en años recientes. Ciertamente, pueden encontrarse malos ejemplos incluso en países que tienen décadas de gobiernos decentes. Pero pocos han tenido el espectáculo de docenas de políticos (más sus contadores, choferes, y jardineros) devenidos millonarios en el poder.
     Y ni siquiera es necesario pensar en otros países de constituciones similares para advertir que lo que dice Gargarella no es cierto. No hubo tal corrupción (nada que pueda compararse) durante los gobiernos de Illia o Alfonsín, cuando regía esencialmente la misma constitución.

Segundo error: La élite vs el pueblo
     Un error menos obvio, pero repetido a lo largo de la historia, es el que reinstala Gargarella al contraponer al pueblo y a una supuesta “élite política”. Copiando el tipo de argumento más frecuente entre los populistas, no distingue entre partidos ni ideologías. Con el rótulo de “élite política” quedan en la misma bolsa Menem, Carrió, Kirchner, Macri, Frederic y Bullrich, como si sus ideas y conductas fueran similares, o en todo caso, irrelevantes.
     Debería ser obvio que tampoco “el pueblo” o “los ciudadanos” tienen las mismas ideas políticas. Votan de modo distinto, apoyan soluciones en las que algunos creen y otros no. Obviar esas diferencias para separar a dirigentes y pueblo es una de las estrategias lamentables que usaron y siguen usando los enemigos del sistema republicano.
     El ejemplo más cercano es la protesta contra “la política” del año 2001. En términos similares a los de Gargarella, Juan Pablo Feinmann, filósofo oficial del Kirchnerismo, sostenía por ese entonces que el pueblo “denuncia que la 'política representativa' ha devenido 'oligarquía política' traicionando el mandato democrático que se le ha confiado. El pasaje que la clase política realiza de la ´representación' a su sustantivación olilgárquica ocurre cuando deja de representar al pueblo y consagra a representarse a sí misma y a sus grupos financieros” (Filosofía de la Asamblea Popular. En la obra colectiva ¿Qué son las Asambleas Populares? Ed. Peña Lillo 2002).
     En la misma obra, Miguel Bonnasso proclamaba el fracaso de la democracia representativa, tal como ahora lo hace Gargarella, y anunciaba el propósito de “avanzar desde una democracia representativa a una democracia participativa. Porque la democracia representativa ha fracasado en América Latina”.
     Paradójicamente, o no tanto, ese proceso terminó dando el poder a un veterano político, Eduardo Duhalde, que había perdido las últimas elecciones pero que tenía el apoyo de muchos otros políticos profesionales.
         
La objeción no es nueva ni es justa
     La crítica a la democracia “formal” y “burguesa” tiene una larga y penosa historia. Socialistas y fascistas se mofaron por décadas de los procedimientos parlamentarios a los que declararon perimidos, en crisis terminal, irreversible. El profesor Gargarella, que en su obra “Marxismo Analítico, el Marxismo claro” ha profesado su amor platónico por el Marxismo, seguramente conoce esa historia y esos antecedentes doctrinarios.
     Ya en 1917 Lenin colocaba una guardia militar para impedir que funcionara la Asamblea Constitucional, democráticamente elegida en elección en la que su partido había participado sin obtener la mayoría que deseaba. La excusa para cerrar ese cuerpo en el que eran minoría fue dar “todo el poder a los soviets”, es decir a asambleas de soldados y trabajadores que se suponía eran más representativos. La Constitución Soviética de 1918 incluso garantizaba la luz y la calefacción para las reuniones de esos comités populares. Ciertamente, todo el poder terminó en manos de Lenin, al que Rosa Luxemburgo describió como un nuevo Zar.
     A socialistas, marxistas, y fascistas, se sumaron en Argentina los nacionalistas, con José María Rosa arremetiendo contra “El fetiche de la Constitución”.
     Menciono la admiración de Gargarella por el Marxismo porque creo que la honestidad intelectual requiere saber dónde está cada uno parado y adonde quiere ir. Cierto es que los llamados “fellow travellers” (compañeros del camino hacia el socialismo) siempre se han desentendido de los resultados reales de sus ideas. Que han sido mal aplicadas, que no era el momento, que tomó las riendas el líder equivocado. Sin embargo, creo que cuando hablamos de experimentos con personas, con naciones enteras, con millones de seres humanos, no es suficiente anunciar que la próxima vez será distinto.

Tercer error: corrupción y terapias alternativas
     Las terapias que propone Gargarella ante la impunidad son tan borrosas como su descripción de los hechos. Sugiere hacer política “desde afuera y abajo”, lo que quizá quiera decir: desde afuera de las instituciones representativas que él ha declarado irreversiblemente en crisis. El primero de los remedios alternativos que lo entusiasmaron fue la protesta social, a la que dedicó su libro “El Derecho a la Protesta. El Primer Derecho” (Ed. Ad-Hoc 2005). Me he ocupado de ese remedio en otra nota (link).
     Más recientemente, desde sus trabajos académicos y sus columnas en los diarios La Nación y Clarín, se ha mostrado favorable a las asambleas populares, que también son instrumentos que pasan por encima de los partidos y del sistema de representación.
     Ahora bien, no conozco casos de países que hayan luchado contra la corrupción con plebiscitos y debates en asambleas ciudadanas. Tampoco da ejemplos de ello Gargarella. Es que una cosa es discutir aborto o Brexit. La corrupción, en cambio, no es una postura política a debatir y votar a favor o en contra. La corrupción hay que investigarla y juzgarla, tareas que no se adaptan a una asamblea popular.

Cuarto error: Asambleas para los reclamos incondicionales
     Llegamos ahora al que creo es el motivo de peso por el que Gargarella impulsa cauces alternativos a la representación política.
     Más allá de recomendarla como terapia alternativa contra la corrupción, señala que es necesario rehacer la “sala de máquinas” de la Constitución (como le gusta llamar a la parte orgánica o institucional) para que los derechos económicos y sociales (salud, educación, vivienda, etc.) sean efectivos. Con debates en asambleas populares, plebiscitos, e iniciativas legislativas ciudadanas se podría obligar a las élites gobernantes a convertir en realidad esos derechos.
     En una entrevista de abril de 2018 Gargarella expresó su discrepancia con la concepción económica del gobierno de Mauricio Macri, que calificó de anticuada, y señaló que se la pudo contener a través de la resistencia social (en YouTube: Roberto Gargarella el gradualismo es resultado de la resistencia social). Por esa misma época publicó en La Nación su nota “Derechos incondicionales que están por encima de los planes económicos” (12/2/2018 link) en la que afirmó “Les guste o no, los economistas deben aprender que, en un sentido fuerte, los derechos no dependen de los planes económicos, sino a la inversa. La admisibilidad o no de un cierto plan económico depende de su capacidad para asegurar el respeto de los derechos constitucionalmente consagrados”.
     Se entiende entonces que a través del reclamo por vías de participación ciudadana alternativas podría torcerse el rumbo o incluso hacer descarrilar un plan económico, sin que sea necesario esperar a la próxima elección. De ese modo una nueva “sala de máquinas” de la Constitución daría armas al pueblo para que hacer que las élites, hasta ahora morosas, brinden a todos vivienda, educación, salud, etc.
     Y eso es “incondicional”. Eso quiere decir que al reclamar su vivienda el ciudadano puede desentenderse del buen o mal plan económico y que al demandar un mejor servicio de salud no necesita reflexionar a quién él dio el poder en las últimas elecciones. Es un modo efectivo de herir de muerte a una república.
     Ya al enumerar los derechos clásicos la Constitución aclara que su uso debe ser “conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio” (art. 14). El art. 14 bis tampoco dice que todo habitante tiene derecho incondicional a que el gobierno le otorgue una vivienda. Además, si fuera cierto que hay derechos incondicionales a esas prestaciones, sería contradictorio que fueran materia de debate en asambleas de ciudadanos. Lo incondicional no necesita ser debatido ni votado.
     El Estado argentino es hoy un gran aparato dedicado a la asistencia social y transferencia de recursos. Ni con impuestos similares a los de Suecia alcanza, por lo que ya hace años el Estado recurre al crédito interno y externo, y cuando el crédito se vuelve descrédito, a la emisión monetaria, con resultados bien conocidos. Instalar en ese marco más armas, desde la “protesta social” a las asambleas ciudadanas, con el fin de que sirvan en la lucha distributiva, no es seguramente la mejor de las tareas a las que se puede dedicar un jurista.

Quinto error: la objeción identitaria
     Ya vimos los logros que Gargarella espera de los modos de participación que saltan por encima de la representación: menos impunidad y más prestaciones del Estado. También vimos que el académico estima que esos métodos son indispensables ya que la “élite gobernante” ha dejado de representar al “pueblo”.
     Pero Gargarella añade algo grave: que esa crisis de representatividad es irreversible, no algo transitorio ni limitado a la Argentina. Esa afirmación necesita alguna explicación, que Gargarella ofrece del siguiente modo: cuando nuestra Constitución y otras similares fueron escritas en el siglo XIX, nuestras sociedades eran “básicamente homogéneas” y entonces era razonable pensar que todos podían ser representados a través del voto. Hoy en cambio, escribe Gargarella en La Nación, “las sociedades multiculturales y ultraheterogéneas de la actualidad (en las que la propia identidad de cada uno es múltiple, ya que ninguno es "solo" "obrero", "mujer", "empresario" o "ecologista"), el sueño de la 'representación plena' perdió base y sentido” (ya citado diario del 3/7/2020).
     Creo que olvida las diferencias que había a mediados del siglo XIX y a principios del siglo XX ¿Acaso no había diferencias culturales y sociales enormes entre un trabajador de Mataderos, una coya jujeña, un empresario de la capital, un mensú misionero, o un inmigrante que apenas balbuceaba el castellano? Unos jamás habían salido de su pueblo ni leído un diario, otros ojeaban las revistas que llegaban de París, unos conservaban la herencia indígena, otros su recuerdo de Nápoles o Cracovia ¿Había entonces menos diferencias entre ser hombre y ser mujer? Creo que es al revés, entonces había más diferencias que ahora.
     Pero además ¿por qué sería un obstáculo para la representación democrática que las personas tenga distinto sexo, ingreso, u ocupación?
     La explicación del Gargarella es quizá un reflejo local de la teoría de la interseccionalidad y la ideología identitaria, en boga sobre todo en la izquierda universitaria norteamericana.
El término y la teoría de la interseccionalidad fueron impulsados por la académica feminista norteamericana Kimberlé Williams Crenshaw. A diferencia de los socialistas clásicos que se contentaban con la lucha entre proletarios y capitalistas, la ideología identitaria sostiene que hay una matriz de dominación y privilegio que no es igual según la raza, el sexo, la clase social, las preferencias sexuales, etc. De allí se deduce, por ejemplo, que no puede ser igual la lucha del feminismo blanco que la del feminismo negro, lo que se complica todavía más por el hecho de que, como señala Gargarella, cada persona tiene distintas “identidades” y entonces encaja de modo distinto en una intersección de los casilleros de la “matriz de opresión” en los que la teoría interseccional divide a la gente.
     Más allá de lo discutible de esa teoría, si lo que intenta Gargarella es usar la interseccionalidad y la ideología identitaria para su explicación de la obsolescencia constitucional, lo hace mal. La izquierda académica no afirma que ahora la “matriz de opresión patriarcal y racista” sea mayor que hace cien años. Carece de sentido alegar que la representación política constitucional se diseñó así porque las distinciones sociales, raciales o de género eran menos marcadas hace un siglo atrás (?).
     En la Navidad de 2017 el diario Infobae entrevistó a Gargarella. Allí sostuvo -como lo hace el marxismo- que “el derecho reproduce y refleja posiciones de desigualdad de clase, de raza y de género”. Pero en ese caso, también lo hacía antes, por lo que el argumento sería que tanto ahora como cuando las constituciones fueron escritas, las distintas identidades de raza, género, preferencia sexual, ingreso, etc. hacían y hacen ilusoria la representación política republicana. Creo que sería un argumento equivocado, pero al menos sería uno coherente.
     No me resigno a ver cómo, otra vez, la Argentina parece condenada a ilusionarse con versiones locales de teorías absurdas. Y lo peor, condenada a creer que son razonables.

miércoles, 25 de septiembre de 2019

Corea del Centro y el efecto Monty Python


     Sucedió en el mes de julio 2019, pero dos meses después pasó a ser un hecho olvidado. El Banco Central de la República Argentina compró 800 millones de dólares para evitar que bajara el dólar (link a nota del diario Clarín)
     Pocos días después, el mismo banco debió vender cantidades mucho mayores de dólares para contener el derrumbe del peso.
     Es natural que los economistas kirchneristas-peronistas que opinan en TV no mencionen que el peso presionaba a la suba en julio, y que expliquen el derrumbe posterior por los mismos factores que ya estaban presentes en julio. En el medio, justo en el día que cambió de tendencia, se produjo la victoria de su partido en las elecciones primarias (PASO). Quitar relevancia económica a ese hecho ha sido una tarea difícil que los economistas peronistas han asumido. Lo extraño es que cuentan con la ayuda inestimable de los economistas liberales y libertarios que también frecuentan los canales de televisión.
     Usaré los términos liberal y libertario sin mayor precisión ya que explicar sus diferencias demandaría un artículo aparte (alguien definió a los libertarios como zurdos que aprendieron economía). Más allá de la ironía, y fuera de algunas excepciones entre las que se destaca Martín Tetaz, los economistas con acceso a los medios masivos adjudican los problemas que enfrenta Argentina a los factores que ya existían antes de la victoria de Alberto y Cristina Fernández. La acumulación de deuda interna (Leliqs y otros bonos), la enorme deuda externa, las altas tasas de interés (que siempre mencionan en términos nominales), y la caída de la producción, son sus temas favoritos, al que añaden un rubro convenientemente indefinido al que denominan “los gastos de la política”.
     Lo que juntos, kirchneristas y libertarios, omiten explicar es cómo, si todo eso ya era conocido antes de las elecciones, el peso, las acciones y los bonos cayeron justo luego de ellas. Ahora bien, el efecto de las PASO había sido previsto mejor que nadie por un conocido economista que no cuenta con acceso fluido a los medios masivos.
     Días antes de las elecciones Domingo Cavallo había escrito en su blog que si las PASO daban la victoria a los Fernández se iba a producir un descalabro económico y que -aquí está la clave- no podía descartarse que el público culpara al gobierno de Mauricio Macri por ese derrumbe (link).
     Es entendible que los votantes que eligieron dar el poder a quienes ya lo ejercieron por 12 años se engañaran a sí mismos y quitaran toda responsabilidad a su voto en la general depreciación que comenzó luego de que se conoció el resultado de las PASO. Es incluso entendible que intenten apuntalar ese engaño los economistas que apoyan al bando victorioso. Lo intrigante es que lo hagan los economistas liberales y libertarios que -como nunca antes- frecuentan la televisión y la radio.
     Creo que hay tres factores. Uno obvio, que es el deseo de no enfadar al 47 % que votó por los Fernández, ya que -después de todo- es parte de su audiencia. En segundo lugar, está el deseo de mostrarse imparciales, ciudadanos de Corea del Centro, y si son liberales, enfatizar su crítica al gobierno de Macri. En tercer lugar hay un factor que denominaré el “efecto Monty Python”.

No enfadar a la audiencia. El cliente siempre tiene razón
     No es fácil decirle a buena parte de la audiencia que es culpable de la debacle que ocurrió luego de la elección. Mejor concentrar el foco en otros hechos, que también tienen valor explicativo, pero que es absurdo pretender que bruscamente se hicieran presentes el día de la victoria del binomio Fernández. El cuidado extremo en no decir nada que pueda desagradarle al público se observa incluso en los temas que los liberales y libertarios mediáticos eligen analizar. Prefieren golpear a los gastos suntuarios que hacen candidatos, legisladores, etc. Roberto Cachanosky ha mostrado este exceso en ya célebres apariciones en TV. Es un castigo justo a quienes debieran dar el ejemplo, pero que obviamente se refiere a una gota de agua si se los compara con los gastos en subsidios energéticos, al transporte, empleo público desbordado, planes sociales, y jubilaciones sin aportes, todos temas más espinosos que pueden despertar alguna incomodidad en parte de la audiencia. Las tasas de interés son otro de los temas favoritos que los liberales comparten con los economistas intervencionistas, y para mayor efecto las mencionan siempre en términos nominales.
     Cuando no es posible limitarse a los asados de los candidatos o a los gastos de los senadores, los economistas mediáticos eligen términos ambivalentes como los “gastos de la política”. Siempre dejan la duda de si allí también incluyen, no sólo a lo que cobra cada político, sino al aparato clientelar miles de veces más oneroso, conformado por planes, nombramientos innecesarios en el Estado, subsidios, etc. Mientras la izquierda grita “que la crisis la paguen los ricos”, los libertarios compiten en ridiculez y declaman “que la crisis la paguen los políticos”.

Corea del Centro
     Es correcto no deformar el análisis para favorecer un bando. Otra cosa es deformarlo por temor a ser acusado de parcial. Es decir, concentrar la crítica en el lado con el que podría sospecharse alguna afinidad, como modo de ganar el codiciado pasaporte de Corea del Centro.
     Se ha llamado “Corea del Centro” a esa postura que intenta (o pretende) una equidistancia entre bandos opuestos. Eso puede muy fácilmente convertirse en una excusa para la falta de equilibrio. Doy un ejemplo burdo: critiqué en una nota a un historiador que intentó justificar el Gulag Soviético alegando que fue un acto de defensa del proletariado (link). En privado, un allegado me respondió que para ser justo, también debería criticar las injusticias que comete un país capitalista como Arabia Saudita. Fuera de que ese país no es un ejemplo de capitalismo, la objeción es desencaminada ¿Quién diría que un libro sobre el Holocausto es parcial pues no menciona crímenes cometidos en otros lugares? Bueno, quizá exista gente que lo exija.
     En discusiones acerca de la dictadura de Maduro en Venezuela, siempre hay un reclamo para que -en aras de la imparcialidad- se reconozca que la oposición también ha cometido errores. Como si entre los errores y los horrores hubiera equivalencia.
     Un problema que tiene la búsqueda poco cuidadosa de un pasaporte de Corea del Centro es que tiende a instalar el “todo es igual, nada es mejor”. Afirmar que todos los políticos son iguales es una forma bastante efectiva de esconder en el montón a los peores.
     Todos los días se ve el lamentable espectáculo de economistas peronistas y libertarios unidos en el esfuerzo descomunal de quitar relevancia al resultado de las PASO, o mejor dicho, no dar peso en su explicación al temor que allí nació de un regreso al poder de casi todos los que gobernaron Argentina durante doce años. Silenciar ese dato y machacar con circunstancias que ya operaban antes de las PASO es deformar el análisis. No debería ser confundido con la imparcialidad.

El efecto Monty Python
     Hay una escena en la película La Vida de Brian que debe gran parte de su efecto humorístico al hecho de que nos recuerda cosas ridículas que hemos visto en la realidad. La historia se desarrolla en la antigua Galilea, donde varios grupos de judíos luchan contra la dominación romana. Sin embargo, se detestan todavía más entre ellos por ser competidores en la misma causa.

     La lucha enconada entre pequeños partidos de izquierda es la primera imagen que se le aparece a uno. El propio Marx dedicó páginas y páginas a pelearse con otros socialistas, llegando al ataque personal. Creo que muchos libertarios mediáticos sufren del mismo mal.
     El Presidente Macri y su equipo, con todos sus errores, está más cerca de una política liberal que el kirchnerismo. Los nuevos aliados del Kirchnerismo como Pino Solanas o Victoria Donda. refuerzan todavía más la distancia de esa fuerza con algo que pueda parecerse a ideas liberales. El PRO está ideológicamente mucho más cerca del liberalismo. Empero, no ha seguido un derrotero muy claro en tal sentido, en parte porque no tiene mayoría parlamentaria, en parte por presión de sus aliados, y quizá en parte por falta de convicción. Que Cristina Kirchner o el propio Alberto Fernández no inspiren esperanzas entre los libertarios los coloca -paradójicamente- en una mejor situación ante ellos que la de Macri y sus aliados. Ideológicamente los Fernández son un caso perdido y quizá se piense que ni vale ocuparse mucho de ellos (garrafal error, por supuesto).
     No es raro ver en los libertarios que desfilan por TV una sonrisa de satisfecha superioridad cuando enumeran las dificultades y errores de Cambiemos. Una actitud que jamás va uno a encontrar en un economista como Domingo Cavallo, que desde afuera del gobierno, demonizado, y con poco acceso a los medios siempre ha tratado de aportar ideas de forma constructiva; jamás se ha regodeado con los tumbos y caídas de la coalición gobernante.
     Los que sucumben al efecto Monty Python se vuelven parciales del modo más ridículo. Igual que en la película, están tan furiosos con el gobierno que no les queda mucho tiempo para ocuparse de los romanos, digo, de los Fernández.

¿Qué ha hecho Cambiemos por nosotros?
     Quitó la protección que tenían sindicalistas corruptos. Bien -dirá un opinador libertario- pero aparte de quitar esa protección ¿Qué ha hecho Cambiemos por nosotros? Corrigió el rumbo de la política exterior argentina. Oh eso, pero aparte de levantar la protección a sindicalistas y enderezar la política exterior ¿Qué hizo Cambiemos por nosotros?
     Combatió el narcotráfico en lugar de financiarse en él. Y recuperó en parte las atrasadas tarífas energéticas. Y mejoró los ferrocarriles, incluyendo el de cargas. Sí, sí, pero fuera de levantar la protección a sindicalistas, enderezar la política exterior, combatir el narcotráfico, actualizar en parte las tarifas, y emprenderla con los ferrocarriles ¿Qué ha hecho Cambiemos por nosotros?
     En la película es gracioso. En la vida real es lastimoso.





miércoles, 11 de septiembre de 2019

Roberto Gargarella, el derecho a luchar contra el derecho


     Muchos deben recordar los desmanes ocurridos en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en el año 2004. Se debatía la reforma del Código de Convivencia, que entre otras cosas prohibía el ejercicio de la prostitución en la cercanía de escuelas e iglesias. La medida propuesta despertó la furia de prostitutas y travestis que, con el apoyo de grupos de izquierda y vendedores ambulantes atacó con palos y piedras la Legislatura, incendió parte del edificio y destrozó el automóvil de uno de los legisladores (Links a notas sobre los sucesos en La Nación, en Clarín)
     La televisión mostró una escena grotesca. Un grupo de fornidos travestis derribó un poste de alumbrado y lo usó como ariete para romper una de las puertas de acceso a la Legislatura mientras desde adentro se defendían con chorros de agua. También hubo cortes de calles en otros puntos de la ciudad. La policía arrestó a 24 personas, de las que quedaron detenidas 15. De inmediato hubo pronunciamientos para reclamar su libertad, con actuación de músicos, Madres de Plaza de Mayo, una autodenominada Universidad Trashumante, el CELS, y el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires Roberto Gargarella.
     El diario Página 12 cubrió el panel de los críticos a la actuación judicial (link). Transcribo de la nota:
Otro de los panelistas del día, el profesor Roberto Gargarella, se refirió al rol de la Justicia. “Tiene muchas posibilidades de respuesta frente al conflicto social: puede mediar, conciliar, preguntarle al poder político por el modo en que ha abandonado la protección de ciertos derechos. La opción penal es la última, pero en la Argentina los jueces han dado una respuesta patoteril.”
     No creo que sea posible encontrar otro país del mundo en que un profesor de derecho se escandalice por que se lleve a juicio a quienes prenden fuego a una legislatura. Sin embargo, el profesor Gargarella pasa habitualmente por un académico razonable, ajeno a los extremos de -por ejemplo- el profesor Eugenio Zaffaroni. Creo que es una percepción errónea. Las consecuencias de las teorías zaffaronianas se hacen más evidentes por su exposición pública, pero ya estaban claras en sus libros. El profesor Gargarella no ha tenido esa notoriedad, pero casos como el de la Legislatura permiten hacer una evaluación más realista de sus teorías. Con estilos diferentes, uno en el Derecho Penal y el otro en el Constitucional, ambos académicos critican duramente las leyes que cada uno se encarga de enseñar. Eso es entendible, aunque quizá no es del todo sano que los futuros abogados y jueces aprendan a desdeñar el sistema jurídico que habrán de aplicar.
     Pero más allá de eso, lo insólito es que Zaffaroni añade a esa crítica el deber de los jueces de “contener” la aplicación efectiva de leyes que él considera inútiles e injustas. De modo similar, Gargarella complementa su rechazo del sistema capitalista con una exhortación a los jueces a defender a quienes lo combaten en las calles. Ambos luchan contra el sistema desde adentro del sistema, lo que es bastante más cómodo que cortar calles y quizá más efectivo. En todo caso, una cosa complementa a la otra.
     El caso de la Legislatura muestra ese desprecio altanero por la ley, no sólo en los manifestantes, sino en la crítica del académico a la actuación de la justicia. Después de todo, los detenidos no fueron secuestrados, fueron llevados ante la jueza competente, tenían sus abogados defensores, y su caso fue elevado a juicio. Según la reseña del diario fueron imputados de los delitos de coacción agravada y privación ilegítima de la libertad -esto último porque, según creo recordar, tuvieron secuestrado por un corto tiempo a uno de los legisladores. No es el caso de la lucha de un pueblo como el venezolano por recuperar su libertad. Fue un ataque salvaje ante una limitación enteramente razonable al ejercicio de la prostitución y la venta callejera, normales en todo el mundo. Y lo hicieron cuando el cuerpo democráticamente elegido estaba discutiendo un proyecto.
     Pero no, el profesor Gargarella sostiene que la jueza competente tuvo una actitud patoteril, injusto adjetivo que -de ser cierto conforme la versión del diario Página 12-, desmiente el carácter moderado y racional que se atribuye al catedrático. Según el diario, argumentó que había muchas posibilidades ante el “conflicto social” (nuevo nombre del delito), tales como mediar, o preguntarle al poder político por el modo en que ha abandonado la protección de ciertos derechos.
     La jueza competente no podía hacer eso.
     A pesar de la errónea impresión que puede quedar tras el paso por la Facultad de Derecho, los jueces no están habilitados para desobedecer la ley. La jueza interviniente no podía decir, no me gusta aplicar el Código Penal y acabo de leer un artículo académico muy interesante que me convence que es mejor interrogar al poder político. Es elemental que un juez no puede mediar en una causa por coacción agravada y privación ilegal de la libertad. El Derecho no es tan absurdo y por eso prevé que un juez que deja de aplicar deliberadamente la ley comete a su vez un delito que se llama prevaricato.

La protesta social: el caso Maldonado, Milagro Sala, los escraches
     En un reportaje reciente (link al video en YouTube) Gargarella afirmó que la protesta social ha sido un instrumento extra-institucional para frenar las políticas de Macri, quien en su opinión tiene una concepción antigua del crecimiento económico.
     Se sumó al coro de críticos por la acción del gobierno en el caso Maldonado. En una entrevista televisiva (link al video en YouTube) Gargarella sostuvo que con independencia del resultado de la investigación que todavía estaba en curso (!) el caso Maldonado era comparable al del asesinato de Mariano Ferreyra por parte de una patota sindical. Afirmó que había responsabilidad estatal por no haber adiestrado correctamente a la gendarmería, pero no creyó necesario precisar qué parte de esa supuesta falta de adiestramiento tenía algo que ver con la muerte de Maldonado. Dijo que la ministra Bullrich debía asumir responsabilidad por lo ocurrido (con independencia de qué fuera lo ocurrido).
     Uno puede fácilmente creer que es razonable compartir los conceptos del profesor Gargarella cuando los formula en forma abstracta y ambivalente, pero cae en la cuenta de su sentido real cuando comprueba que se refiere al caso Maldonado como un intento del gobierno de “silenciar grupos críticos”. Traducido al español: Grupos críticos son personas cortando una ruta. Silenciarlos significa, impedir que lo hagan.
     Sobre el juzgamiento de Milagro Sala, Gargarella admitió que cometió delitos, pero a la vez criticó su detención. En su opinión, la Corte rechazó que Sala tuviera fueros por ser parlamentaria del Parlasur por “un cálculo político” (nota del 6/12/2017 en su blog).
     Algo que sí distingue al profesor Gargarella del profesor Zaffaroni es que el segundo ha escrito manuales y tratados generales sobre su especialidad. Gargarella en cambio ha centrado su interés en un tema bastante exótico, como es el de la justificación que daría la Constitución para violar la ley. En su libro El derecho a la Protesta. El primer derecho Gargarella criticó a su colega constitucionalista Gregorio Badeni, quien había escrito un artículo contra los escraches. Creo que no se necesita un posgrado en Derecho para entender que los escraches son una práctica deleznable. Pues no, Gargarella escribe que sostener que el derecho a protestar termina cuando se ataca el de otra persona es un argumento vacío (ver ps. 65-67).
     En su crítica a Badeni, y de modo no especificado al “discurso jurídico”, Gargarella los acusa de traicionar los derechos que se supone deberían defender (¿el derecho a escrachar?) cuando ellos colisionan con el bien común, el bienestar general, o nociones afines. Por mi parte creo que Badeni tiene razón y que Gargarella no comprende que los escraches vulneran sobre todo el derecho del individuo que es atacado, no simplemente el bienestar general. Son ataques cobardes que buscan hacer que la vida privada de una persona y su familia se convierta en un infierno.
     La estrategia de Gargarella en su crítica a Badeni -y en todos sus demás debates- es afirmar que la persona con la que disiente es simplista y ha dado argumentos huecos. Gargarella reclama a su oponente elevar el debate, dar fundamentos más sólidos -lo que implícitamente asume que él sí lo hace. Escribe Gargarella que cuando Badeni sostiene que las protestas deben hacerse respetando las reglamentaciones vigentes, usa un “enunciado vacío” (p. 66). Así, con su constante reclamo por elevar el nivel, Gargarella consigue dar la impresión de que su análisis es más profundo, cuando en realidad no eleva nada. Esa estrategia es universal en la obra de Gargarella.
     El argumento sobre los límites de cada derecho le parece vacío a Gargarella porque según él los juristas y jueces que lo enuncian deberían además “...justificar cuál es el derecho que va a perder más, cuánto va a perder y por qué razones” (Carta Abierta sobre la Intolerancia, p. 21). No tendría que ser necesario explicarle a un profesor que esa tarea de fijar los límites de cada derecho es la función principal de la ley, no del juez ni del catedrático. Ya en 1789, luego de la revolución francesa, la Declaración de los Derechos del Hombre decía en su artículo 4 (destaco su última parte):
La libertad consiste en poder hacer todo aquello que no cause perjuicio a los demás. El ejercicio de los derechos naturales de cada hombre, no tiene otros límites que los que garantizan a los demás miembros de la sociedad el disfrute de los mismos derechos. Estos límites sólo pueden ser determinados por la ley.
     Es cierto que no todo puede determinarse previamente en leyes. Pero es un error garrafal pensar que los derechos le llegan al jurista, al juez, o al miembro de una comunidad, como entidades abstractas, recién nacidas sin relación de unas con otras, y que entonces hay que empezar a debatir (en los tribunales o en las calles) cuál de esos derechos ilimitados debe prevalecer en cada caso. El juez de un estado moderno no juzga con una revista de filosofía política en la mano, sino con un libro de leyes. En ese error sobre la vida del derecho cae el profesor Gargarella.
     Está bien ampliar la participación ciudadana, pero no intentar esconder bajo ese nombre a los piquetes. Además, hacer leyes, y sobre todo un código civil o uno penal, es una tarea muy ardua. Nunca se trata de elegir A o B como en los plebiscitos, sino que que hay toda una gama de alternativas que ponderar. También hay que armonizar partes diversas para que el todo funcione. A eso se suma que la Argentina no es el ágora de la antigua Grecia en la que los ciudadanos se juntaban por horas a discutir asuntos de estado. Hoy hay millones de habitantes que intentan disfrutar de sus vidas en paz, y no tienen en sus planes debatir sobre el problema de la prescripción extintiva de la acción penal en el concurso ideal de delitos al llegar a casa. Cuando se votan plebiscitos las alternativas deben necesariamente limitarse; generalmente hay que elegir entre dos. Ningún país ha diseñado leyes fundamentales de ese modo.

¿Qué es el derecho a peticionar a las autoridades?
     Entre las posibilidades que el profesor Gargarella analiza para mejorar el debate público y la participación ciudadana, está la de que los manifestantes de menos recursos utilicen para montarlas lugares que se consideren “foros públicos” como aeropuertos, estaciones de tren, y shopping centers (El derecho a la Protesta p. 83). Cierto es que Gargarella admite que ese derecho puede ser reglamentado. Pero es muy difícil que una reglamentación así sea efectiva, y menos que sea justa. Si se legisla, por ejemplo, que la protesta en shopping center no debe causarle pérdidas o alejar su clientela, o que no puede ser obligado a soportar -digamos- más de una protesta en su interior por mes, o si se dispone que la protesta en un aeropuerto se puede hacer pero sin impedir el acceso de los pasajeros, etc., lo que se obtendrá son pleitos fenomenales y una catarata de piquetes. Que ya hay bastantes.

La teoría del “foro público”, cuando deja de ser un tema ameno de la academia

     A veces mirar la historia ayuda a entender las instituciones. El derecho de peticionar a las autoridades previsto en el art. 14 de la Constitución Argentina y en otras del mundo tiene su origen en un suceso real ocurrido en Inglaterra en 1688. Siete obispos hicieron una petición por escrito al rey James II. Empezaban por decir que la suya era una humilde petición. El rey no sólo la rechazó sino que la consideró una insolencia y los metió presos. Fueron conducidos a prisión en una barcaza por el río Támesis. Si mi memoria no me falla, en alguno de los tomos de la Historia de Inglaterra, Lord Macaulay cuenta que el pueblo de Londres se congregó a las orillas del río para saludar a los ancianos obispos como héroes. Esa y otras arbitrariedades contra las libertades previstas en la Carta Magna de 1215 provocaron que James II fuera derrocado por Guillermo de Orange. Se sentó el principio de que el rey no debía castigar a los habitantes que hicieran peticiones a las autoridades. De allí pasó a la Constitución Norteamericana, y luego a muchas otras del mundo.
     Nada de eso tiene que ver con los piquetes, los cortes de rutas, o las ocupaciones de aeropuertos que el profesor Gargarella intenta asentar en el derecho a peticionar que admite la Constitución. Esas tácticas no promueven el diálogo, son extorsiones. Al final del libro de Gargarella Carta abierta sobre la intolerancia. Apuntes sobre derecho y protesta se reproduce un debate en un Club Socialista. Uno de los asistentes tuvo el sentido común de señalarle al profesor Gargarella que con esas acciones no se promueve el diálogo o la participación sino “imponerse por su mera capacidad de crear un gran problema de orden público, en la circulación o en la provisión de bienes básicos”. Dio el ejemplo de un conflicto en el Hospital Garrahan en el que sectores “hacen uso de una situación específica del control de ciertos recursos y que entonces procuran logros...es algo que se plantea en términos de puras relaciones de fuerza”. Gargarella respodió que algunos sectores merecen más protección que otros, pero no aclaró quiénes serían los encargados de decidir sobre ese orden de méritos. La respuesta más reveladora sin embargo la da el propio Gargarella en otra parte del libro.
     Admite el profesor que muchos le han señalado que los piqueteros tienen frecuente acceso a la televisión y radio (además de abundante apoyo en diarios como Página 12, o en las universidades) por lo que no se justifica que aleguen que necesitan cortar calles para “visibilizar” su protesta. Ante esto Gargarella retruca que lo esencial no es el “mero” acceso a los medios, sino asegurar que sus reclamos sean satisfechos (p. 26 y 31-32). En lenguaje llano esto quiere decir que el remanido debate y la participación están muy bien como figuras retóricas, pero lo que importa es conseguir lo reclamado. Al sujeto que intenta cruzar un piquete se lo persuade con un palo en la cabeza.

La cuestión ideológica
     Tal como en el caso del profesor Zaffaroni, las enseñanzas del profesor Gargarella se asientan en su discrepancia con las bases mismas de la sociedad en la que ambos viven. Eso no está tan mal. Pero ha querido la mala suerte de la Argentina que la enseñanza del Código Penal haya estado a cargo de quien lo mira como un instrumento cruel e inútil. Que la enseñanza del Código Civil derogado en los últimos días del gobierno Kirchnerista haya estado por tantos años a cargo de gente que despreciaba sus principios liberales. Y que la Constitución sea explicada por quien rechaza buena parte de sus premisas. Encargar la venta de carne a los vegetarianos suele dar malos resultados.
     El profesor Zaffaroni se ocupó de divulgar en Argentina las ideas de Michael Foucault, despiadado crítico de las sociedades occidentales y admirador de la revolución del Ayotallah Khomeini (ver mi nota).
     Por su parte, el profesor Gargarella se declara admirador del marxismo analítico del filósofo Gerald Cohen (link Gargarella, Roberto: Marxismo analítico, el marxismo claro). Cohen (1941-2009) dictó clases de filosofía política en Oxford y vale aclarar que su propuesta no es la socialdemocracia, a la que considera una “evasión”. Cohen opina que hay que abolir la propiedad privada (ver su artículo, Libertad, Justicia y Capitalismo, en la antología Por una vuelta al Socialismo, con Introducción de Queralt y Gargarella).
     A su lado, Grabois es un moderado.
     El marxismo de Cohen tiene la particularidad de que decide ignorar todos los avances que hizo la ciencia económica desde Marx hasta nuestros días. En las obras de Cohen no se va a encontrar nada sobre el revolucionario cambio de ideas en la teoría del valor que impulsó el economista Carl Menger y que forma la base de la ciencia económica desde hace ya casi un siglo. Cohen no se da por enterado de las críticas de Eugen Bohm-Bawerk a las contradicciones marxistas, nada dice del debate sobre el cálculo económico en un régimen socialista, en el que participaron los economistas más importantes del siglo XX. Cohen decide además pasar olímpicamente por alto hasta los propios aportes de autores marxistas como Lenin, Trotsky, y otros chabones más o menos conocidos fuera de Oxford.
     Se puede entender que Marx no previera que la teoría económica iba a cambiar radicalmente luego de su muerte. Pero Cohen discurre como lo haría un astrónomo que intercambiara papers con dos o tres de sus colegas acerca de las trayectorias planetarias de Ptolomeo, y descartara por irrelevante todo lo que cambió desde Copérnico.
     Pero si la cerrazón ante la teoría ya es grave, es peor que Cohen no se haga cargo de los experimentos marxistas. Tampoco lo hace Gargarella. Se puede entender (hasta cierto punto) que Marx no se diera cuenta de que la dictadura del proletariado iba a terminar siempre en la dictadura de una camarilla. Tuvo la suerte de que todo eso ocurrió luego de su muerte. Pero Cohen no dice nada de la Unión Soviética, de China, de Corea del Norte, de Cuba, experimentos con seres humanos que ocurrieron mientras él daba clase.
     No estamos hablando de la metafísica de la lechuga, sin consecuencias reales. Desconfiaría yo mucho de un médico al que se le han muerto todos los pacientes e insiste en aplicar la misma medicina. Pensaría que es insólito que ni siquiera se molestara en intentar explicar el fracaso de sus experimentos y despreciara lo aprendido desde Pasteur.