La ilusión de las políticas de Estado Nota II

En la nota anterior escribí que no estaba de acuerdo con el entusiasmo que se ve en los políticos argentinos por pactar políticas de Estado. Se supone que el problema fundamental de la Argentina es que no nos hemos puesto de acuerdo en una serie de políticas que compartan todos los partidos. La idea ya está tan establecida que mi crítica puede haber sorprendido.

Por cierto, la ilusión viene de lejos: fue uno de los tantos caminos intentados por el gobierno encabezado por Raúl Alfonsín. Se buscó que distintos grupos de interés llegaran a acuerdos a través de lo que se llamó “la concertación” (¿se acuerdan?). En realidad la ilusión venía desde más lejos: una de las tantas juntas militares ya había intentado un “Gran Acuerdo Nacional” (GAN). Más atrás todavía, tuvimos a la CGT y la CGE intentando acordar medidas, con el Estado en el medio como árbitro de un match de box (Estado que también recibía y daba golpes). Cambiando el estilo, los nombres, pero no lo esencial de la idea, ahora se habla de un Pacto de Gobernabilidad.

Dije en la nota anterior que una cosa son las leyes y otra las políticas. Las leyes permanentes son parte del ideario con el que nació la Argentina en el siglo XIX. Eso lo lograron nuestros antepasados, y así tuvimos la Constitución, el Código Civil, etc. Más allá de las reformas que siguieron, algunas buenas, otras malas, sobre esas reglas permanentes hubo acuerdo.

En cambio, la búsqueda de políticas compartidas por todos los partidos tiene un origen histórico más reciente. Surgió como un requisito para la planificación económica intentada por los gobiernos socialistas europeos en los años 30, que luego fue adoptada por otros partidos, y que se extendió al resto del mundo. Todos (o casi todos) querían planificar la economía. Sin embargo, los planes de cada partido, y hasta de cada sindicato y asociación de empresarios, eran distintos. 
Pero cambiar de plan cada vez que sube un nuevo gobierno conduce al caos. De allí la ocurrencia de evitarlo con “políticas de Estado”, no de cada partido o sector. La inutilidad de esa idea ya se ha advertido en casi todas las naciones, pero sigue vigente en ese Parque Jurásico de las ideologías que es la Argentina

La solución consistente en que un partido imponga estas políticas por la fuerza a todos los demás sin importar los resultados electorales horroriza a casi todos los partidos democráticos, y quizá también a la mayoría del electorado argentino que conserva algún interés por la política. La otra forma de lograr que el plan continúe luego de las elecciones es que los partidos, y hasta todos los sectores nacionales, lleguen a un acuerdo sobre cuál debe ser el plan.

Sobre metas atractivas y más bien vagas hay acuerdo inmediato, firmas, apretones de manos, documentos, etc. Se pacta que todos acuerdan que sería lindo tener pleno empleo, que sería muy bueno que la educación fuera de calidad, y que sería apropiado bajar el número de homicidios y robos.

Eso no es plan, por supuesto, sino una forma de obtener la atención de los diarios por dos días (quizá tres, si no hay ningún certamen deportivo importante). El plan verdadero no puede determinar que se promueven todas las industrias, sino que debe elegir cuáles en cada lugar y región. Debe asignar prioridades. Debe además elegir si las necesidades de los hospitales se ponen por encima de las de la industria energética, y dentro de los hospitales debe decidir cuánto han de mejorar los salarios de las enfermeras, y hasta dónde está atrasada la tecnología que requiere renovación, etc. Todas estas demandas compiten entre sí, no ya mediante acuerdos individuales (cuánto destina cada persona para obtener estos bienes y servicios) sino mediante acuerdos colectivos.

Que se llegue a un plan general consensuado (y que no cambie por muchos años, más allá de las elecciones !!!) es imposible. Muchos se engañan pensando que es fácil lograr acuerdos porque su experiencia ha sido únicamente la de planes sectoriales. Por ejemplo, es posible que obreros y empresarios del aluminio se pongan de acuerdo con un ministro en que es conveniente prohibir la importación de aluminio. Es probable que los pobladores de las regiones que dependen de la minería estén de acuerdo con un programa para que un banco nacional otorgue créditos a la minería. Hasta es posible que toda la población esté de acuerdo en “mejorar los hospitales”, sin mayores especificaciones. Pero ya es más difícil que haya acuerdo acerca de si el aluminio que necesita la industria minera deben estar exento de la prohibición de importación, y acerca de si los salarios del sector de salud deben mejorar antes que el de los maestros.

Cuando los acuerdos no llegan, cuando muchos sectores (o todos) se sienten postergados en sus demandas, cuando a pesar de las promesas el plan cambia, el público se empieza a impacientar y no ve con malos ojos la otra forma de tener un plan: que un líder providencial lo imponga a la fuerza, sin que importe la oposición, y por supuesto, sin que importe el recambio democrático. La gente pide resultados y no palabras, y siempre hay un líder más fuerte que los otros que se los promete. Sólo tienen que darle poderes extraordinarios para vencer la resistencia de quienes no entienden lo que el país necesita.

Todos encolumnados detrás del líder, más allá de “banderías”, más allá de los escrúpulos. Todo sea por conseguir un plan que esta vez funcione.

Lo que no se advierte es que la alternativa entre plan colectivo consensuado y plan colectivo autoritario es falsa. También está el gobierno de las leyes, que no dicen si la industria metalúrgica cordobesa debe recibir más fondos que la industria química bonaerense, sino que permite que esas cosas las decida cada uno de los que compran productos metalúrgicos o químicos. El resultado es la suma de las decisiones individuales. Cada cual decide cómo gasta lo que le pertenece, y no cómo el gobierno debe gastar lo que le pertenece a los demás. Para lo primero bastan las leyes y sobre ellas puede haber acuerdos. Para lo segundo se pueden intentar concertaciones, pactos, y planes. Cuando ellos fallan la gente reclama un líder que no tenga demasiados miramientos y que esté dispuesto a romper algunos huevos para hacer la tortilla.

Muchos creen que el primer sistema es caótico, que si nadie está al comando para decir hacia dónde ir no hay sistema alguno. Sin embargo, véase lo que pasa con las industrias más dinámicas del mundo. Nadie le dice a Apple o Microsoft cuál debe ser su estrategia. No hay una concertación para decidir que una tiene un mercado, y la otra otro distinto. Nadie les ordenó a los primeros inversores de Nokia (algunos eran jubilados finlandeses) que pusieran su dinero allí. Ningún ministro decidió apoderarse de sus ahorros y darle un crédito a Nokia. Ninguna regulación determinó que los procesadores Intel adoptaran una tecnología y los fabricados por Motorola otra distinta (y ambos tuvieron éxito, aunque uno más que el otro). Ningún ministerio planifica cuándo es el momento para lanzar un sistema operativo de 32 bits o de 64 bits. No hubo un informe multisectorial e interministerial que lo decidiera. Nadie dice que sea obligatorio adoptar un formato de archivo, como mp3 o pdf. Los formatos se imponen porque mucha gente decide que le sirven. ¿Es eso un caos que impide el progreso? No, es la industria más creativa del mundo. 
Cierto que el sub-sector de los sitios web tuvo su mini-crisis hace algunos años, en las que muchas dot com fueron a la quiebra. Pero esa industria se recuperó rápidamente, y sin ayuda. Muy distinto a la mega-crisis iniciada en el sector hiper intervenido de los créditos inmobiliarios, que no se recupera a pesar de la ayuda.


Aunque parezca ir (verdaderamente) contra la corriente lo diré una vez más: para el progreso, con tener leyes claras y permanentes, imparcialmente interpretadas, basta y sobra.