viernes, 10 de junio de 2022

Carlos Rosenkrantz y Horacio Verbitsky sobre liberalismo y populismo


     Un discurso del vicepresidente de la Corte Suprema Argentina en Chile (va link más abajo) levantó revuelo entre voceros del partido gobernante. Gabriela Cerruti, la portavoz del Presidente, dijo que el juez Rosenkrantz “expresó el corazón de la doctrina liberal” al negar una de las frases de ideario peronista: “donde hay una necesidad hay un derecho”. El diario oficialista Página 12 sostuvo que Rosenkrantz “blanqueó una postura conservadora”. El ex-juez Eugenio Zaffaroni desplegó un ataque virulento en el que insertó sus temas favoritos: el imperialismo norteamericano, el embajador Braden, la oposición entre el norte y el sur, los regímenes militares, etc. (link). Por una vez omitió incluír la caza de brujas, quizá le faltó espacio.

     Horacio Verbitskty, ex-guerrillero y uno de los ideólogos principales del Kirchnerismo gobernante, hizo un análisis más detallado, uno de los pocos críticos que demuestra haber escuchado íntegramente el discurso del juez (link). En su blog Verbitsky acusa a Rosenkrantz de despreciar al peronismo pero además sostiene que el juez tergiversó el sentido de uno de los libros que cita (trataré eso más abajo). Verbitsky concluye que el juez sentó intencionalmente una postura sesgada que marcará el sentido de sus fallos futuros y que eso hace necesario ampliar el número de jueces de la Corte Suprema -uno de los proyectos del gobierno Kirchnerista.

     Cabe agregar que Verbitsky está acusado como autor intelectual de un atentado que causó muchos muertos y heridos, por lo que no puede descartarse que su caso llegue algún día a la Corte que Rosenkrantz integra.

     La verdad es que el discurso de Rosenkrantz fue extremadamente moderado y que si algo puede objetársele es cierta indefinición, entendible en parte por las limitaciones que le impone su cargo. La parte más cuestionada, esa en la que niega que sea posible que “donde hay una necesidad hay un derecho” (frase atribuída a Eva Perón) sólo expresa algo obvio. Como dice Rosenkrantz, a no ser que delimitemos cuáles son las necesidades que confieren derechos (algo que solamente podría hacer un gobierno todopoderoso), es imposible que cada necesidad genere un derecho, entendiendo por tal no una mera aspiración sino algo que se puede reclamar en los tribunales.

Las citas liberales (en el sentido norteamericano)

     Sus críticos han pintado a Rosenkrantz como un liberal (algo que entienden como obvio demérito) y hasta conservador. No es cierto, basta escuchar su discurso para advertir que el juez ni siquiera adhiere al liberalismo clásico, y que se inclina más por esa variante que incorpora demandas típicas de la izquierda. Lo que en USA, pero no aquí, recibe el nombre de “liberal”.

     Eso se revela en las citas a filósofos y teóricos del derecho que contiene el discurso de Rosenkrantz y a la deuda intelectual que admite tener con ellos. Citó a Carlos Santiago Nino, de quien fue discípulo, y que abogó por los derechos económicos y sociales. Citó a John Rawls y a Ronald Dworkin como pensadores norteamericanos que, dice Rosenkrantz, modificaron la postura tradicional liberal para hacerse cargo de las críticas que le dirigió el comunitarismo. Citó también el libro de Sunstain y Holmes “El Costo de los Derechos” y allí encontramos la parte más jugosa y que mereció la crítica de Verbitsky (minuto 36:34 en el video).

     Dice Rosenkrantz que como demostraron Sunstain y Holmes, todos los derechos tienen un costo, por lo que no puede invocarse el costo para dar prioridad a unos derechos sobre otros. Lo dice así: “haciendo referencia solamente al costo de los derechos no se puede establecer en una comunidad política la prioridad de los derechos civiles y políticos sobre los derechos económicos y sociales” (41:54). O sea que si los derechos civiles y políticos han de tener prioridad sobre los económicos y sociales, debería proporcionarse otra justificación, que Rosenkrantz no menciona, por lo menos en esta conferencia (1).

     Sólo agrega inmediatamente a continuación que ello obliga a “repensar la forma en que las concepciones liberales de la justicia defienden la prioridad de un tipo de derechos sobre otros, prioridad que impide por ejemplo legitimar gobiernos que justifican las restricciones a la democracia con presuntas mejoras en la distribución de los recursos económicos y sociales, y otra muy distinta es ocultar el sacrificio que nuestras sociedades deberán necesariamente enfrentar para realizar las reformas que necesitamos para hacer verdad la aspiración, también liberal, de que nuestras sociedades sean emprendimientos comunes para beneficios de todos y en especial de quienes están peor.”

     El párrafo es bastante denso, así que vamos por partes. Rosenkrantz dice que las concepciones liberales deben repensar cómo justifican dar prioridad a un tipo de derechos sobre otros. Si se la dan a los derechos tradicionales (“civiles y políticos” como los prefiere designar el juez) entonces lógicamente no podrán consentir restricciones a esos derechos prioritarios bajo la excusa de mejoras en la distribución de los recursos económicos y sociales. Pero atención: en nigún momento declara Rosenkrantz que esa prioridad de los derechos tradicionales esté justificada (ni por qué), sólo dice que hay que repensar el asunto.

     Ahora bien, añade el juez, una cosa es repensar prioridades y otra ocultar los sacrificios necesarios para la aspiración “también liberal” de beneficiar especialmente “a quienes estén peor”

     En suma: 1. Que el liberalismo debe repensar prioridades entre derechos, 2. Que el criterio del costo no sirve para decidir eso (no nos dice qué criterio sí serviría) y 3. Que en todo caso no debemos ocultar los costos. O sea que el costo no es criterio pero igual hay que tenerlo a la vista.

El costo de los derechos sociales: un sofisma difundido

     Verbitsky dice que con lo anterior Rosenkrantz esconde el verdadero significado del libro de Sunstein y Holmes, pues ellos criticaron el criterio del costo para demostrar que la oposición a los derechos económicos y sociales se basa en un prejuicio ilógico, como si los derechos tradicionales no tuvieran costos. Sunstein en particular ya había escrito un libro declarando que los Estados Unidos necesitaban retomar el impulso a los derecho sociales que dio el New Deal de F. D. Roosevelt e incluso agregar nuevos derechos, en lo que calificó como una revolución aún no terminada (su libro: The Second Bill of Rights)

     En 2020 escribí en mi blog en inglés una crítica al libro de Sunstein y Homes sobre el costo de los derechos (link). Allí dije que el libro se basa en una falacia bastante obvia. Los autores hablan vagamente de los derechos y su protección como si fueran la misma cosa. Describen el trabajo de bomberos protegiendo viviendas o jueces protegiendo la libertad de expresión y declaran que esos derechos (en rigor, su protección) tienen costos. Pues lo mismo ocurre, argumentan, con los derechos económicos y sociales que obviamente también tienen costos. El truco consiste en ocultar que tanto los derechos tradicionales como los otros tienen el costo de su protección (policías, bomberos, jueces, etc) pero los económicos y sociales además nacen o surgen de una transferencia hecha por el gobierno. Es decir, tanto una casa comprada entre particulares como una casa regalada por el Estado son protegidas ante robos e incendios, allí hay un costo que ambas generan. Pero la provista por el Estado tiene otro costo adicional y mucho mayor, que es el de otorgarla a sus beneficiarios.

     Sunstein y Holmes (y sus admiradores académicos) creen haber demostrado que los que critican los derechos económicos y sociales concedidos por diversos gobiernos son pánfilos que ignoran que la protección de los derechos tradicionales tiene un costo. O sea que hasta que llegó su libro, la gente ignoraba por qué motivo había policías y por qué pagaban sus servicios con impuestos.

     Nadie desconocía eso. La oposición a que los gobiernos populistas decreten más y más “derechos” sociales se refiere al costo de otorgarlos, no al de protegerlos -una vez otorgados- ante ataques o desgracias, que es un costo común a todos los derechos cualquiera sea su origen. Para mayores detalles, remito a mi artículo sobre este libro de inmerecida fama (link).

     Rosenkrantz parece ser uno más de los que aceptan la falacia de Sunstein y Holmes. Sin embargo, a diferencia de ellos -que abogan decididamente por más derechos económicos y sociales- Rosenkrantz hace la salvedad que no puede descartarse (ni afirmarse) que una nueva reflexión liberal encuentre razones para dar preferencia a los derechos “cívicos y políticos” (minuto 41:54).

Un liberalismo con dos principios (¿de igual peso?)

     Rosenkrantz dice que para el liberalismo “el individuo es el centro de todo el universo político” (52:50). En esto podría pensarse que coincide con Margaret Thatcher, quien dijo alguna vez que “no existe la sociedad, lo que hay son hombres y mujeres”, aunque vale recordar que si bien Thatcher criticó el asistencialismo, apoyaba que una “red” social limitada diera contención a quienes se caían sin merecerlo. Pero Rosenkrantz va más allá, atempera mucho más su liberalismo. Proclama que el liberalismo combina dos principios: “cada uno es especialmente responsable por su propio destino pero todos somos responsbles por los destinos de todos, es en mi opinión el espíritu que anima a las democracias constitucionales, lo que en alguna medida pone en cuestión al populismo, sencillamente porque degrada la importancia de la responsabilidad individual” (57:04).

     ¿Tienen ambos principios igual peso? Rosenkrantz no lo aclara pero agrega “Nino por ejemplo mi mentor consideraba el principio de responsabilidad individual al que consideraba principio de dignidad de la persona sólo como uno de los principios de la moral liberal. Para los liberales, en virtud de que todos valemos igual y que el bienestar de todos cuenta por igual, el principio de que cada uno de nosotros debe ser el responsable de las consecuencias de sus propias decisiones debe complementarse con otro principio que deriva de la convicción de que como todos valemos igual todos tenemos algún grado de responsabilidad por la situación de cada uno de los demás (56:20). Nino llamaba a esta aspiración, el principio de autonomía. En otras palabras, no debe confundirse al liberalismo como la expresión filosófica del egoísmo, el liberalismo es un humanismo y como tal afirma la exigibilidad ética de guardar una igual consideración y respeto por el desarrollo autónomo de todos los que con nosotros integran nuestra comunidad. Es por esa razón que el liberalismo verdadero es siempre igualitario aunque obviamente hay distintas concepciones de liberalismo que pueden diferir acerca de cuál es la dimensión adecuada en la que la igualdad debe medirse” (57:04).

     Luego de esta larga cita cabe concluír que según Rosenkrantz puede haber distintos liberalismos que consideren adecuado medir la igualdad en diversas “dimensiones” (¿igualdad ante la ley? ¿en la condición material?) lo que hace bastante indefinida su noción de liberalismo, algo contrario a la doctrina originaria pero seguramente compatible con el sentido que “liberal” tiene en USA.

     Una complicación adicional aparece con la pregunta acerca de si esa responsabilidad por los que menos tienen abarca sólo a los habitantes de una nación o debe extenderse al mundo entero, y en todo caso qué cosa justificaría moralmente la limitación a fronteras nacionales. Rosenkrantz no aborda ese tema, que ya genera discusiones entre teóricos.

Un juez valiente

     La valentía es una condición esencial y desgraciadamente poco común entre los jueces argentinos. Rosenkrantz demostró que tiene esa cualidad cuando fue el único en la Corte que se negó a aplicar una ley penal evidentente retroactiva, a pesar de la enorme presión para que lo hiciera. Tampoco merece que se lo califique de conservador o favorable a los grandes intereses económicos. Si lo evaluamos por sus citas -Rawls, Dworkin, Sunstein, Nino- debería decirse que Rosenkrantz es “liberal” en el peculiar sentido que esa palabra adoptó en USA, pero no en el que tiene tradicionalmente en el resto del mundo.

     Rosenkrantz termina su disertación señalando que confrontar el peligro del populismo no es una tarea de los jueces sino del electorado. Si se tiene en cuenta que el populismo suele actuar, al menos en su inicio, como dictadura mayoritaria, la afirmación del juez puede parecer la aceptación de su impotencia. Rosenkrantz dice en más de un momento de su disertación que la tarea del juez es vigilar que se respeten los “procedimientos constitucionales” ¿Por qué “procedimientos” y no derechos? La definición de su tarea no es muy feliz.

     Nada de esto tiene que ver ni justifica los ataques que con las peores intenciones le dirigen el gobierno y sus aliados. Por lo demás, lo que pueda parecer indefinición en su disertación debe en gran medida entenderse como respeto a los límites que debe mantener un juez en sus declaraciones públicas. Otra cualidad del juez Rosenkrantz que merece elogio y que Zaffaroni, entre otros, jamás ha tenido. Y está el hecho fundamental de la valentía de Rosenkrantz en el caso de la ley penal retroactiva, mucho más revelador que cualquier discurso. La firmeza que interesa en un juez es la de sus votos, no la de sus discursos. Los ataques que el juez Rosenkrantz ha sufrido se deben justamente a que no se ha doblegado.

(1) Rosenkrantz ha tratado estos temas más acabadamente en su trabajo como docente. Sobre todo en este artículo: https://www.palermo.edu/derecho/publicaciones/pdfs/alumnos_docentes/rosene.pdf

El discurso de Rosenkrantz empieza en el minuto 28:33




lunes, 29 de noviembre de 2021

Sobreseimiento de Cristina Kirchner: el cohecho


La sentencia que sobreseyó a Cristina Kirchner y otras 17 personas tiene muchos puntos débiles. Pero tiene uno en el que directamente se quiebra y debe recurrir a una obvia falacia. Es cuando aborda el delito de cohecho.

Lo explicaré con términos claros evitando en lo posible los tecnicismos. La sentencia completa puede leerse en este link

Cristina Kirchner había sido acusada de tres delitos: asociación ilícita, lavado de activos, y recepción de dádivas (este último también llamado cohecho -o en el uso común- coima).

Hubo una disidencia: la jueza Adriana Palliotti dijo que los planteos de la defensa eran mera reiteración de otros que ya habían sido antes rechazados y que no había nuevas pruebas que justificaran el sobreseimiento. Consideró que había que seguir con el juicio.

Más allá de los sólidos argumentos de esa disidencia, e incluso si ellos se descartaran, creo que los de los otros dos jueces contienen una contradicción, un razonamiento absurdo respecto del delito de cohecho.


Un sobreseimiento montado sobre el otro

Los dos jueces que votaron a favor de los acusados trataron primero el delito de lavado de activos. Dijeron que era evidente que las acciones que se le imputaban a Cristina y los demás, incluso si fueran ciertas, no configuraban el delito de lavado de activos. No era necesario entonces, dijeron los jueces, seguir con el juicio porque incluso si todo lo que se dijo que hizo Cristina fuera probado, legalmente eso no sería lavado de activos. No había necesidad de lavar lo que ya estaba lavado: como no había sospecha sobre el origen de los fondos (o sea, no había sospecha sobre la obra pública) ya no era necesario lavarlos otra vez mediante los contratos hoteleros. Ese segundo tramo de la supuesta maniobra, incluso si fuera cierta, no encuadraba en lo que la ley aplicable considera lavado de activos (páginas 307-313 de la sentencia).

De la asociación ilícita dijeron que no se ocupaban porque ya se juzgaba en otro proceso.

Supongamos, sólo supongamos, que todo eso está bien. Queda el tercer delito: recibir dádivas (cohecho). Cristina, dijeron los fiscales, recibió dinero en sus hoteles y eso era coima o cohecho que le pagaron por favorecer empresarios en la obra pública.

¿Cuál fue el argumento para sobreseer a Cristina y sus hijos de ese delito? ¿Cómo es que ni siquiera fueron a jucio por él?

Los jueces dijeron que entre el lavado de activos y el cohecho había un concurso ideal. Eso quiere decir que a través de una misma acción (los contratos hoteleros) Cristina e hijos cometieron esos dos delitos a la vez: lavado y cohecho. Se dice entonces que una misma acción “encuadra” en dos delitos.

Y allí viene el truco: los jueces dijeron que si la sobreseían del lavado también la tenían que sobreseer por el cohecho ¿Por qué? Porque -argumentaron- ambos forman un concurso ideal, es decir, una sola acción por más que encuadre en dos delitos (p. 353 de la sentencia).

Pero ¿no habían dicho primero que sobreseían del lavado porque no encuadraba? Y luego dicen que como sí encuadra en lavado y cohecho, forma un concurso ideal que obligaba a sobreseer también del cohecho.

Algo así como pararse sobre una silla que se dijo que no existe (el lavado), para tapar algo que no se quiere averiguar si existe (el cohecho).

Veamos esto con más detalle.


El concurso ideal (que no existe pero existe)

Los jueces dicen que como la conducta es una sola, el sobreseimiento debe abarcar todos los supuestos delitos que se cometieron mediante ella. Eso no es exacto. Si alguien es acusado de cometer dos delitos a la vez, el juez no está obligado a condenarlo por los dos o absolverlo por los dos. Puede condenarlo por uno solo de ellos. Eso es evidente. Y si puede condenarlo por uno solo de los delitos, entonces es falso que si lo sobresee por uno está obligado legalmente a sobreseerlo por los dos.

El argumento de los jueces solamente sería cierto si sobreseen cuando es evidente que esa conducta única no existió o el imputado no es reponsable de ella. Claro, si el hecho no existió entonces caen todos los supuestos delitos en los que encuadraría. Pero si sobreseen porque el hecho no encuadra en uno de los delitos, entonces no es cierto que deban sobreseer por el otro.

Además, si dicen que no encuadra en uno de los dos delitos, entonces es contradictorio decir que hay un concurso ideal de dos delitos.

O sea, los jueces usan su sobreseimiento del lavado (que ya era discutible) para también sobreseer por un delito para el que no tenían ningún argumento: el cohecho.

No se sabe si con ignorancia o con maña, los dos jueces citan a un jurista que dice que una sentencia que aplica las reglas del concurso ideal hace cosa juzgada para todas las violaciones de la ley penal que concurran idealmente (Bacigalupo, Enrique: Derecho Penal, Parte General, p. 591, citado en p. 353 de la sentencia). Lo que ese autor quiere decir es que si una sentencia declara que el hecho no existe o sí existe pero el acusado no es reponsable de ella, eso hace cosa juzgada para todas las violaciones que ese hecho implicaba. Pero es absurdo citar eso (que es cierto y obvio) para sostener que sin importar si el hecho existió o el acusado es responsable (???), como no encuadra en uno de los delitos entonces tengo que sobreseer en el otro.

Ese es el truco argumental de la sentencia que quiero destacar, que se presenta incluso si descartan las objeciones procesales que hizo el voto disidente.

Por supuesto hay muchas otras cuestiones que podrían analizarse en el fallo. Pero la falacia que acabo de describir en palabras que creo cualquiera puede entender, está oculta en una maraña de 375 páginas. Quiero que salga a la luz.

miércoles, 19 de mayo de 2021

El periodismo populista argentino

     Hace unos veinte años atrás el periodismo argentino todavía era parecido al de otros países. Estaban los que escribían o leían noticias y los que hacían editoriales. Las notas de opinión daban (lo dice la palabra) una opinión a favor o en contra de algún proyecto o de algún político.

     Pero hace ya más de dos décadas surgió algo nuevo. En la radio, en la televisión, en los diarios, algunos periodistas empezaron a cargar contra “los políticos” sin admitir distinciones. Incluso empezaron a despreciar el debate de ideas, en el que ellos mismos habían tradicionalmente participado. Empezaron a reclamar que cesaran las discusiones y que todos se pusieran de acuerdo en un plan o idea. Comenzaron a machacar cada mañana la noción de que a “la gente” no le interesa discutir si está bien que un gobierno cierre escuelas o prohiba exportaciones. “La gente está en el medio”, es decir, no tiene parte ni le concierne nada de eso, degradado como un entretenimiento frívolo de políticos que en cambio deberían “sentarse a una mesa a negociar” y llegar a un acuerdo.

     ¿Acordar qué cosa? No interesa qué ni cómo, lo que se reclama es que no haya discrepancias.

     En Gran Bretaña, si un periodista cree necesario criticar una medida del gobierno de Boris Johnson, lo hace y lo fundamenta, pero no agrega dos o tres líneas expresando su desprecio por "los políticos". En España, un periodista puede apoyar una propuesta de la oposición, pero no reclama que Sánchez, Casado, Abascal, y Errejón se sienten a una mesa a negociar un Gran Pacto Nacional. En Argentina, esas mamarrachadas se repiten todas las mañanas en los medios y son vistas como excelentes productos del intelecto. Es que el retraso de Argentina ya no se limita a lo económico.

El rechazo al debate público y el amor a la negociación oculta

     Se debatió hace muy poco si debían suspenderse las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires y en todo caso, quién era competente para decidirlo. Era una cuestión concreta que afectaba a millones de personas y sobre la que había que considerar los datos y las propuestas. Sin embargo, en muchos programas mañaneros se comentaba el asunto como una disputa “política” (que se entiende sinónimo de irrelevante). Lo que le importa a la gente es saber si mañana tiene que llevar o no a su chico al colegio, nos machacaban. Es decir, a los padres les da lo mismo qué es lo que se decida, “la gente está en el medio”, los políticos tienen que negociar y llegar a un acuerdo ¿Con base en qué datos? ¿Cuál acuerdo? Pues no, con honrosas excepciones, la misión que asumieron muchos periodistas fue propalar que la información no interesa, que no le importa a “la gente” cuál sea la decisión, lo que quieren es que no haya debate. Esto era obviamente falso. La gente, los padres, al menos muchos de ellos, tenían opiniones muy concretas y manejaban más datos que los opinadores mañaneros.

     Buena parte del periodismo se ha acostumbrado a repetir latiguillos. Por eso basta que los instalen uno o dos personajes para que los demás los repitan. Se dijo así que la cuestión de las clases presenciales se había “politizado”, lo que se supone es algo así como degradado. En vez de discutir, Larreta y Alberto debían “sentarse a negociar” y anunciarnos luego lo que ellos habían acordado. Además, cuando se planteó la pregunta acerca de quién tenía competencia constitucional para decidir sobre las clases se instaló el latiguillo “fracasó la política, la cuestión no debió haberse judicializado”. Obvio ¿a quién se le ocurre que una disputa constitucional sea decidida por la Corte Suprema? En resumen, no debe haber controversia porque eso es sinónimo de “politica” y tampoco una decisión judicial porque es un “fracaso de la política”. Tenía que haber una “negociación”, sentados a una mesa (en la imaginación periodística todas las negociaciones son en una mesa) a la que están invitados algunos líderes y que se hace a puertas cerradas. Eso es lo que corresponde a una república. O no?

La fácil indiferencia

     Sin duda, una de las ventajas que explican el auge de la arenga a ciegas, es que es más fácil. No se necesita leer ni aprender nada antes de subirse a un pedestal, culpar a “los políticos” y desdeñar las controversias. Ni siquiera es necesario saber cuáles son las partes en discusión ni qué cosas se debaten. Por eso, muchos periodistas, opinadores, y analistas argentinos han empezado a aplicar el mismo método a la política internacional. Así se vio en un debate del programa Intratables que la crisis de Venezuela se adjudicaba tanto al gobierno de Maduro como a la oposición: “ambas partes tienen la culpa”. Ese desinterés petulante por los datos y las diferencias me pareció tan obsceno que lo comenté en este blog (link).

     En estos días veo en TV sujetos que se presentan como “analistas internacionales” que aplican la misma receta infalible al ataque con cohetes de Hamas y la respuesta de Israel: ambas partes son culpables, etc., etc.

    Uno se pregunta qué dirían estos analistas ante la Segunda Guerra Mundial: tanto los aliados como los nazis son culpables, tendrían que sentarse a negociar, la gente está en el medio, le es indiferente esta disputa, Churchill debe hacer una autocrítica, etc. Y así para cualquier conflicto o problema. No se necesita tener datos ni entender ideas.

La facil (y falsa) objetividad

     Otra ventaja de subirse a un pedestal y culpar a todos y a nadie en particular es que parece coincidir con la objetividad. Sin embargo, allí se confunde el no distorsionar la verdad para favorecer a un bando o a una propuesta sobre otra (eso es ser objetivo) con algo muy distinto: distorsionar la verdad para decir que son iguales. 

     Es lo que hicieron en Intratables los que igualaron a Maduro con la oposición venezolana. Lo hicieron también economistas liberales como Espert y Milei que negaron que hubiera diferencias relevantes entre el gobierno de Mauricio Macri y los kirchneristas que le precedieron. Había mil datos, desde política exterior hasta el cese de la importación de gas, que indicaban lo contrario. Incluso si uno considera irrelevante para el liberalismo que se respeten o no las instituciones, si el liberalismo se reduce a índices económicos, no es menor que en poco tiempo Argentina hubiera avanzado 23 puestos en el índice de competitividad que elabora el Foro Económico Mundial, que mide parámetros que van desde la infraestructura hasta la innovación tecnológica. Lo que analistas y expertos hiciron entonces fue ocultar datos, no mencionarlos, y cuando saltaban a la luz minimizarlos todo lo posible para poder machacar que no había diferencias.

El aporte de Alconada Mon a la confusión

     Un ejemplo más reciente de lo que vengo señalando lo ha dado el conocido periodista Hugo Alconada Mon en su nota en el New York Times (edición en español) del 18/5/2021 link. Allí desdeña los debates entre el gobierno de Alberto Fernández y la oposición como una mera pelea por votos en la que no están interesados los argentinos (curiosa esa arrogancia periodística en declarar qué interesa y qué no al lector). Alconada Mon escribe que para “salir del pantano económico y social que nos hunde desde hace décadas” hay que “superar la polarización”. Desde las alturas de su mirada imparcial, describe al gobierno liderado por Cristina Kirchner y a la oposición con el ex-presidente Macri como cabeza visible, como dos contendientes en el ring de una pelea sin sentido. Macri, que durante su gobierno fue apaleado por ser tibio, ahora es acusado de ser el jefe de los halcones. Pero en verdad, para Alconada Mon carecen de relevancia los debates sobre educación, sobre el comercio exterior, las ocupaciones de tierras, o la renovación de alianzas con dictaduras de todo el mundo. La gente, decreta el periodista, carece de interés en esas disputas políticas.

     Alconada Mon alerta que si “los políticos” no se ponen de acuerdo, habrá un estallido de furia ciudadana como el que en 2001 sirvió para derrocar al presidente de la Rúa (y digamos todo, colocar en su lugar al que había perdido las elecciones, el peronista Eduardo Duhalde).

     En esa advertencia hay dos distorsiones, una actual y otra histórica.

     La actual consiste en ocultar que el gobierno de Alberto Fernández gobierna haciendo caso omiso de la oposición, con DNU, con resoluciones del BCRA y de la Secretaría de Comercio. El único tropiezo que la oposición le ha causado al 4to gobierno Kirchnerista es mantener clases presenciales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero esto no es suficiente para la unanimidad que demanda Alconada Mon. No basta que el gobierno pase por encima de la oposición: la oposición debe aceptarlo. Así es como funcionan las repúblicas en todo el mundo. O no?

     La distorsión histórica es ignorar que la revuelta de 2001 se asentó en el mismo rechazo a “los políticos” que ahora se vuelve a instalar. En el desprecio, las burlas a las instituciones fogoneado desde diarios, radios, y televisión, y hasta en el llamado a escraches desde esos medios.

     En una nota anterior en el mismo diario, Alconada Mon hace otro aporte -que no es suyo ni original- a la confusión. Bajo el título “Necesitamos un Pacto en Argentina” (22/2/2021) sostiene que nuestro país debe adoptar algo similar a los Pactos de Moncloa que se acordaron en España en 1977. Lo que olvida mencionar es que ya al año siguiente, en 1978 se sancionó la Constitución Española que rige hasta hoy. Los pactos fueron parte de la transición hacia la democracia y esa Constitución. Si los periodistas argentinos que reclaman pactos tuvieran algún interés en observar la política española, advertirían que hoy lo que se discute o se apoya es la Constitución, no los pactos que llevaron a ella. 

     La obsesión que reina en los medios argentinos por un Pacto no se explica por la admiración a la transición española (sobre cuyos detalles históricos no hay el menor interés) sino por la pasión, muy argentina, por la unanimidad. Se supone que los políticos se deben “sentar a una mesa” a negociar y convocar “a los sectores del trabajo y la producción” para acordar una salida para el país. Todo, claro, a puertas cerradas y con asistencia de cúpulas partidarias, sindicales, y empresariales. No en el Congreso y en público. Los que no estén de acuerdo son vendepatria, enemigos de la nación. Porque no es la experiencia española de 1977 la que inspira los llamados a un pacto, sino la italiana de los años 30.

domingo, 26 de julio de 2020

Roberto Gargarella: cambiar la parte orgánica de la Constitución Argentina


Publiqué en el diario El Federal una nota (link) sobre las propuestas de cambios al sistema de representación política que Roberto Gargarella viene impulsando ya hace varios años. Querría ahora complementar lo que allí expuse.
     Desde sus notas en los diarios La Nación y Clarín, entrevistas y clases online, Gargarella critica el sistema representativo que diseña nuestra Constitución. En un reciente artículo incluso sostiene que es un sistema para la impunidad y que ofrece opciones extorsivas a los votantes (La Nación del 3/7/2020, también en Clarín 5/9/2019). Semejante denuncia, lanzada por uno de los académicos con mayor presencia en medios de circulación masiva, y que pasa por moderado, merece un examen detallado.
     En una nota anterior de este mismo blog (link) me ocupé de las opiniones que Gargarella ha formulado sobre la llamada protesta social. Este fue el tema al que dedicó su libro “El Derecho a la Protesta. El Primer Derecho” (Editorial Ad-Hoc 2005). Desde hace algún tiempo, y sin abandonar su prédica en favor de ese método de lucha política, ha añadido las asambleas ciudadanas que, como las protestas, es una forma de saltar por sobre la representación política para que el pueblo exprese directamente su voluntad (o más exactamente, para que la expresen los que concurran a las marchas y asambleas).
     Gargarella critica la Constitución Argentina y otras similares porque a su juicio las reformas que incorporaron derechos sociales y económicos en su primera parte debieron al mismo tiempo haber reformado la parte orgánica, es decir, la que regula las instituciones, el Congreso, la Presidencia, y el Poder Judicial, sus facultades y límites. Esta parte esencial de la Constitución es su “sala de máquinas” (como la llama Gargarella), y es la que en su opinión falta reformar (ver su libro “La Sala de Máquinas de la Constitución” Ed. Katz; disertación en Parlamento de Uruguay YouTube, notas en La Nación del 4/10/2018 y 11/4/2019, Asimismo Clarín 29/11/2019).
     Creo que las ideas que expone Gargarella son una distracción inútil que saca de foco (deja en la oscuridad) a los verdaderos problemas. Lo que es peor, contribuyen (quizá sin intención) a perpetuar confusiones que han causado enorme daño al país.
     Analizaré cinco errores en su análisis, empezando por el más obvio y siguiendo con los más oscuros, que quizá por ello son los más peligrosos.

Primer error: el problema no es el sistema representativo
     En su diagnóstico Gargarella afirma que la misma impunidad que se observa en Argentina se da también en los países que tienen sistemas similares al nuestro. Explica “No es por azar que la tríada de los males mencionados -abusos de poder, corrupción, impunidad- aparezca, recurrentemente, en contextos y países diversos, reunidos básicamente por una similar estructura institucional.(La Nación, 3/7/2020)
     Eso no es cierto, Argentina tiene una Constitución y un sistema representativo que no difieren demasiado del de otros países de la región y del mundo que, sin embargo, no tienen ni por asomo los niveles de corrupción que ha padecido Argentina en años recientes. Ciertamente, pueden encontrarse malos ejemplos incluso en países que tienen décadas de gobiernos decentes. Pero pocos han tenido el espectáculo de docenas de políticos (más sus contadores, choferes, y jardineros) devenidos millonarios en el poder.
     Y ni siquiera es necesario pensar en otros países de constituciones similares para advertir que lo que dice Gargarella no es cierto. No hubo tal corrupción (nada que pueda compararse) durante los gobiernos de Illia o Alfonsín, cuando regía esencialmente la misma constitución.

Segundo error: La élite vs el pueblo
     Un error menos obvio, pero repetido a lo largo de la historia, es el que reinstala Gargarella al contraponer al pueblo y a una supuesta “élite política”. Copiando el tipo de argumento más frecuente entre los populistas, no distingue entre partidos ni ideologías. Con el rótulo de “élite política” quedan en la misma bolsa Menem, Carrió, Kirchner, Macri, Frederic y Bullrich, como si sus ideas y conductas fueran similares, o en todo caso, irrelevantes.
     Debería ser obvio que tampoco “el pueblo” o “los ciudadanos” tienen las mismas ideas políticas. Votan de modo distinto, apoyan soluciones en las que algunos creen y otros no. Obviar esas diferencias para separar a dirigentes y pueblo es una de las estrategias lamentables que usaron y siguen usando los enemigos del sistema republicano.
     El ejemplo más cercano es la protesta contra “la política” del año 2001. En términos similares a los de Gargarella, Juan Pablo Feinmann, filósofo oficial del Kirchnerismo, sostenía por ese entonces que el pueblo “denuncia que la 'política representativa' ha devenido 'oligarquía política' traicionando el mandato democrático que se le ha confiado. El pasaje que la clase política realiza de la ´representación' a su sustantivación olilgárquica ocurre cuando deja de representar al pueblo y consagra a representarse a sí misma y a sus grupos financieros” (Filosofía de la Asamblea Popular. En la obra colectiva ¿Qué son las Asambleas Populares? Ed. Peña Lillo 2002).
     En la misma obra, Miguel Bonnasso proclamaba el fracaso de la democracia representativa, tal como ahora lo hace Gargarella, y anunciaba el propósito de “avanzar desde una democracia representativa a una democracia participativa. Porque la democracia representativa ha fracasado en América Latina”.
     Paradójicamente, o no tanto, ese proceso terminó dando el poder a un veterano político, Eduardo Duhalde, que había perdido las últimas elecciones pero que tenía el apoyo de muchos otros políticos profesionales.
         
La objeción no es nueva ni es justa
     La crítica a la democracia “formal” y “burguesa” tiene una larga y penosa historia. Socialistas y fascistas se mofaron por décadas de los procedimientos parlamentarios a los que declararon perimidos, en crisis terminal, irreversible. El profesor Gargarella, que en su obra “Marxismo Analítico, el Marxismo claro” ha profesado su amor platónico por el Marxismo, seguramente conoce esa historia y esos antecedentes doctrinarios.
     Ya en 1917 Lenin colocaba una guardia militar para impedir que funcionara la Asamblea Constitucional, democráticamente elegida en elección en la que su partido había participado sin obtener la mayoría que deseaba. La excusa para cerrar ese cuerpo en el que eran minoría fue dar “todo el poder a los soviets”, es decir a asambleas de soldados y trabajadores que se suponía eran más representativos. La Constitución Soviética de 1918 incluso garantizaba la luz y la calefacción para las reuniones de esos comités populares. Ciertamente, todo el poder terminó en manos de Lenin, al que Rosa Luxemburgo describió como un nuevo Zar.
     A socialistas, marxistas, y fascistas, se sumaron en Argentina los nacionalistas, con José María Rosa arremetiendo contra “El fetiche de la Constitución”.
     Menciono la admiración de Gargarella por el Marxismo porque creo que la honestidad intelectual requiere saber dónde está cada uno parado y adonde quiere ir. Cierto es que los llamados “fellow travellers” (compañeros del camino hacia el socialismo) siempre se han desentendido de los resultados reales de sus ideas. Que han sido mal aplicadas, que no era el momento, que tomó las riendas el líder equivocado. Sin embargo, creo que cuando hablamos de experimentos con personas, con naciones enteras, con millones de seres humanos, no es suficiente anunciar que la próxima vez será distinto.

Tercer error: corrupción y terapias alternativas
     Las terapias que propone Gargarella ante la impunidad son tan borrosas como su descripción de los hechos. Sugiere hacer política “desde afuera y abajo”, lo que quizá quiera decir: desde afuera de las instituciones representativas que él ha declarado irreversiblemente en crisis. El primero de los remedios alternativos que lo entusiasmaron fue la protesta social, a la que dedicó su libro “El Derecho a la Protesta. El Primer Derecho” (Ed. Ad-Hoc 2005). Me he ocupado de ese remedio en otra nota (link).
     Más recientemente, desde sus trabajos académicos y sus columnas en los diarios La Nación y Clarín, se ha mostrado favorable a las asambleas populares, que también son instrumentos que pasan por encima de los partidos y del sistema de representación.
     Ahora bien, no conozco casos de países que hayan luchado contra la corrupción con plebiscitos y debates en asambleas ciudadanas. Tampoco da ejemplos de ello Gargarella. Es que una cosa es discutir aborto o Brexit. La corrupción, en cambio, no es una postura política a debatir y votar a favor o en contra. La corrupción hay que investigarla y juzgarla, tareas que no se adaptan a una asamblea popular.

Cuarto error: Asambleas para los reclamos incondicionales
     Llegamos ahora al que creo es el motivo de peso por el que Gargarella impulsa cauces alternativos a la representación política.
     Más allá de recomendarla como terapia alternativa contra la corrupción, señala que es necesario rehacer la “sala de máquinas” de la Constitución (como le gusta llamar a la parte orgánica o institucional) para que los derechos económicos y sociales (salud, educación, vivienda, etc.) sean efectivos. Con debates en asambleas populares, plebiscitos, e iniciativas legislativas ciudadanas se podría obligar a las élites gobernantes a convertir en realidad esos derechos.
     En una entrevista de abril de 2018 Gargarella expresó su discrepancia con la concepción económica del gobierno de Mauricio Macri, que calificó de anticuada, y señaló que se la pudo contener a través de la resistencia social (en YouTube: Roberto Gargarella el gradualismo es resultado de la resistencia social). Por esa misma época publicó en La Nación su nota “Derechos incondicionales que están por encima de los planes económicos” (12/2/2018 link) en la que afirmó “Les guste o no, los economistas deben aprender que, en un sentido fuerte, los derechos no dependen de los planes económicos, sino a la inversa. La admisibilidad o no de un cierto plan económico depende de su capacidad para asegurar el respeto de los derechos constitucionalmente consagrados”.
     Se entiende entonces que a través del reclamo por vías de participación ciudadana alternativas podría torcerse el rumbo o incluso hacer descarrilar un plan económico, sin que sea necesario esperar a la próxima elección. De ese modo una nueva “sala de máquinas” de la Constitución daría armas al pueblo para que hacer que las élites, hasta ahora morosas, brinden a todos vivienda, educación, salud, etc.
     Y eso es “incondicional”. Eso quiere decir que al reclamar su vivienda el ciudadano puede desentenderse del buen o mal plan económico y que al demandar un mejor servicio de salud no necesita reflexionar a quién él dio el poder en las últimas elecciones. Es un modo efectivo de herir de muerte a una república.
     Ya al enumerar los derechos clásicos la Constitución aclara que su uso debe ser “conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio” (art. 14). El art. 14 bis tampoco dice que todo habitante tiene derecho incondicional a que el gobierno le otorgue una vivienda. Además, si fuera cierto que hay derechos incondicionales a esas prestaciones, sería contradictorio que fueran materia de debate en asambleas de ciudadanos. Lo incondicional no necesita ser debatido ni votado.
     El Estado argentino es hoy un gran aparato dedicado a la asistencia social y transferencia de recursos. Ni con impuestos similares a los de Suecia alcanza, por lo que ya hace años el Estado recurre al crédito interno y externo, y cuando el crédito se vuelve descrédito, a la emisión monetaria, con resultados bien conocidos. Instalar en ese marco más armas, desde la “protesta social” a las asambleas ciudadanas, con el fin de que sirvan en la lucha distributiva, no es seguramente la mejor de las tareas a las que se puede dedicar un jurista.

Quinto error: la objeción identitaria
     Ya vimos los logros que Gargarella espera de los modos de participación que saltan por encima de la representación: menos impunidad y más prestaciones del Estado. También vimos que el académico estima que esos métodos son indispensables ya que la “élite gobernante” ha dejado de representar al “pueblo”.
     Pero Gargarella añade algo grave: que esa crisis de representatividad es irreversible, no algo transitorio ni limitado a la Argentina. Esa afirmación necesita alguna explicación, que Gargarella ofrece del siguiente modo: cuando nuestra Constitución y otras similares fueron escritas en el siglo XIX, nuestras sociedades eran “básicamente homogéneas” y entonces era razonable pensar que todos podían ser representados a través del voto. Hoy en cambio, escribe Gargarella en La Nación, “las sociedades multiculturales y ultraheterogéneas de la actualidad (en las que la propia identidad de cada uno es múltiple, ya que ninguno es "solo" "obrero", "mujer", "empresario" o "ecologista"), el sueño de la 'representación plena' perdió base y sentido” (ya citado diario del 3/7/2020).
     Creo que olvida las diferencias que había a mediados del siglo XIX y a principios del siglo XX ¿Acaso no había diferencias culturales y sociales enormes entre un trabajador de Mataderos, una coya jujeña, un empresario de la capital, un mensú misionero, o un inmigrante que apenas balbuceaba el castellano? Unos jamás habían salido de su pueblo ni leído un diario, otros ojeaban las revistas que llegaban de París, unos conservaban la herencia indígena, otros su recuerdo de Nápoles o Cracovia ¿Había entonces menos diferencias entre ser hombre y ser mujer? Creo que es al revés, entonces había más diferencias que ahora.
     Pero además ¿por qué sería un obstáculo para la representación democrática que las personas tenga distinto sexo, ingreso, u ocupación?
     La explicación del Gargarella es quizá un reflejo local de la teoría de la interseccionalidad y la ideología identitaria, en boga sobre todo en la izquierda universitaria norteamericana.
El término y la teoría de la interseccionalidad fueron impulsados por la académica feminista norteamericana Kimberlé Williams Crenshaw. A diferencia de los socialistas clásicos que se contentaban con la lucha entre proletarios y capitalistas, la ideología identitaria sostiene que hay una matriz de dominación y privilegio que no es igual según la raza, el sexo, la clase social, las preferencias sexuales, etc. De allí se deduce, por ejemplo, que no puede ser igual la lucha del feminismo blanco que la del feminismo negro, lo que se complica todavía más por el hecho de que, como señala Gargarella, cada persona tiene distintas “identidades” y entonces encaja de modo distinto en una intersección de los casilleros de la “matriz de opresión” en los que la teoría interseccional divide a la gente.
     Más allá de lo discutible de esa teoría, si lo que intenta Gargarella es usar la interseccionalidad y la ideología identitaria para su explicación de la obsolescencia constitucional, lo hace mal. La izquierda académica no afirma que ahora la “matriz de opresión patriarcal y racista” sea mayor que hace cien años. Carece de sentido alegar que la representación política constitucional se diseñó así porque las distinciones sociales, raciales o de género eran menos marcadas hace un siglo atrás (?).
     En la Navidad de 2017 el diario Infobae entrevistó a Gargarella. Allí sostuvo -como lo hace el marxismo- que “el derecho reproduce y refleja posiciones de desigualdad de clase, de raza y de género”. Pero en ese caso, también lo hacía antes, por lo que el argumento sería que tanto ahora como cuando las constituciones fueron escritas, las distintas identidades de raza, género, preferencia sexual, ingreso, etc. hacían y hacen ilusoria la representación política republicana. Creo que sería un argumento equivocado, pero al menos sería uno coherente.
     No me resigno a ver cómo, otra vez, la Argentina parece condenada a ilusionarse con versiones locales de teorías absurdas. Y lo peor, condenada a creer que son razonables.

miércoles, 25 de septiembre de 2019

Corea del Centro y el efecto Monty Python


     Sucedió en el mes de julio 2019, pero dos meses después pasó a ser un hecho olvidado. El Banco Central de la República Argentina compró 800 millones de dólares para evitar que bajara el dólar (link a nota del diario Clarín)
     Pocos días después, el mismo banco debió vender cantidades mucho mayores de dólares para contener el derrumbe del peso.
     Es natural que los economistas kirchneristas-peronistas que opinan en TV no mencionen que el peso presionaba a la suba en julio, y que expliquen el derrumbe posterior por los mismos factores que ya estaban presentes en julio. En el medio, justo en el día que cambió de tendencia, se produjo la victoria de su partido en las elecciones primarias (PASO). Quitar relevancia económica a ese hecho ha sido una tarea difícil que los economistas peronistas han asumido. Lo extraño es que cuentan con la ayuda inestimable de los economistas liberales y libertarios que también frecuentan los canales de televisión.
     Usaré los términos liberal y libertario sin mayor precisión ya que explicar sus diferencias demandaría un artículo aparte (alguien definió a los libertarios como zurdos que aprendieron economía). Más allá de la ironía, y fuera de algunas excepciones entre las que se destaca Martín Tetaz, los economistas con acceso a los medios masivos adjudican los problemas que enfrenta Argentina a los factores que ya existían antes de la victoria de Alberto y Cristina Fernández. La acumulación de deuda interna (Leliqs y otros bonos), la enorme deuda externa, las altas tasas de interés (que siempre mencionan en términos nominales), y la caída de la producción, son sus temas favoritos, al que añaden un rubro convenientemente indefinido al que denominan “los gastos de la política”.
     Lo que juntos, kirchneristas y libertarios, omiten explicar es cómo, si todo eso ya era conocido antes de las elecciones, el peso, las acciones y los bonos cayeron justo luego de ellas. Ahora bien, el efecto de las PASO había sido previsto mejor que nadie por un conocido economista que no cuenta con acceso fluido a los medios masivos.
     Días antes de las elecciones Domingo Cavallo había escrito en su blog que si las PASO daban la victoria a los Fernández se iba a producir un descalabro económico y que -aquí está la clave- no podía descartarse que el público culpara al gobierno de Mauricio Macri por ese derrumbe (link).
     Es entendible que los votantes que eligieron dar el poder a quienes ya lo ejercieron por 12 años se engañaran a sí mismos y quitaran toda responsabilidad a su voto en la general depreciación que comenzó luego de que se conoció el resultado de las PASO. Es incluso entendible que intenten apuntalar ese engaño los economistas que apoyan al bando victorioso. Lo intrigante es que lo hagan los economistas liberales y libertarios que -como nunca antes- frecuentan la televisión y la radio.
     Creo que hay tres factores. Uno obvio, que es el deseo de no enfadar al 47 % que votó por los Fernández, ya que -después de todo- es parte de su audiencia. En segundo lugar, está el deseo de mostrarse imparciales, ciudadanos de Corea del Centro, y si son liberales, enfatizar su crítica al gobierno de Macri. En tercer lugar hay un factor que denominaré el “efecto Monty Python”.

No enfadar a la audiencia. El cliente siempre tiene razón
     No es fácil decirle a buena parte de la audiencia que es culpable de la debacle que ocurrió luego de la elección. Mejor concentrar el foco en otros hechos, que también tienen valor explicativo, pero que es absurdo pretender que bruscamente se hicieran presentes el día de la victoria del binomio Fernández. El cuidado extremo en no decir nada que pueda desagradarle al público se observa incluso en los temas que los liberales y libertarios mediáticos eligen analizar. Prefieren golpear a los gastos suntuarios que hacen candidatos, legisladores, etc. Roberto Cachanosky ha mostrado este exceso en ya célebres apariciones en TV. Es un castigo justo a quienes debieran dar el ejemplo, pero que obviamente se refiere a una gota de agua si se los compara con los gastos en subsidios energéticos, al transporte, empleo público desbordado, planes sociales, y jubilaciones sin aportes, todos temas más espinosos que pueden despertar alguna incomodidad en parte de la audiencia. Las tasas de interés son otro de los temas favoritos que los liberales comparten con los economistas intervencionistas, y para mayor efecto las mencionan siempre en términos nominales.
     Cuando no es posible limitarse a los asados de los candidatos o a los gastos de los senadores, los economistas mediáticos eligen términos ambivalentes como los “gastos de la política”. Siempre dejan la duda de si allí también incluyen, no sólo a lo que cobra cada político, sino al aparato clientelar miles de veces más oneroso, conformado por planes, nombramientos innecesarios en el Estado, subsidios, etc. Mientras la izquierda grita “que la crisis la paguen los ricos”, los libertarios compiten en ridiculez y declaman “que la crisis la paguen los políticos”.

Corea del Centro
     Es correcto no deformar el análisis para favorecer un bando. Otra cosa es deformarlo por temor a ser acusado de parcial. Es decir, concentrar la crítica en el lado con el que podría sospecharse alguna afinidad, como modo de ganar el codiciado pasaporte de Corea del Centro.
     Se ha llamado “Corea del Centro” a esa postura que intenta (o pretende) una equidistancia entre bandos opuestos. Eso puede muy fácilmente convertirse en una excusa para la falta de equilibrio. Doy un ejemplo burdo: critiqué en una nota a un historiador que intentó justificar el Gulag Soviético alegando que fue un acto de defensa del proletariado (link). En privado, un allegado me respondió que para ser justo, también debería criticar las injusticias que comete un país capitalista como Arabia Saudita. Fuera de que ese país no es un ejemplo de capitalismo, la objeción es desencaminada ¿Quién diría que un libro sobre el Holocausto es parcial pues no menciona crímenes cometidos en otros lugares? Bueno, quizá exista gente que lo exija.
     En discusiones acerca de la dictadura de Maduro en Venezuela, siempre hay un reclamo para que -en aras de la imparcialidad- se reconozca que la oposición también ha cometido errores. Como si entre los errores y los horrores hubiera equivalencia.
     Un problema que tiene la búsqueda poco cuidadosa de un pasaporte de Corea del Centro es que tiende a instalar el “todo es igual, nada es mejor”. Afirmar que todos los políticos son iguales es una forma bastante efectiva de esconder en el montón a los peores.
     Todos los días se ve el lamentable espectáculo de economistas peronistas y libertarios unidos en el esfuerzo descomunal de quitar relevancia al resultado de las PASO, o mejor dicho, no dar peso en su explicación al temor que allí nació de un regreso al poder de casi todos los que gobernaron Argentina durante doce años. Silenciar ese dato y machacar con circunstancias que ya operaban antes de las PASO es deformar el análisis. No debería ser confundido con la imparcialidad.

El efecto Monty Python
     Hay una escena en la película La Vida de Brian que debe gran parte de su efecto humorístico al hecho de que nos recuerda cosas ridículas que hemos visto en la realidad. La historia se desarrolla en la antigua Galilea, donde varios grupos de judíos luchan contra la dominación romana. Sin embargo, se detestan todavía más entre ellos por ser competidores en la misma causa.

     La lucha enconada entre pequeños partidos de izquierda es la primera imagen que se le aparece a uno. El propio Marx dedicó páginas y páginas a pelearse con otros socialistas, llegando al ataque personal. Creo que muchos libertarios mediáticos sufren del mismo mal.
     El Presidente Macri y su equipo, con todos sus errores, está más cerca de una política liberal que el kirchnerismo. Los nuevos aliados del Kirchnerismo como Pino Solanas o Victoria Donda. refuerzan todavía más la distancia de esa fuerza con algo que pueda parecerse a ideas liberales. El PRO está ideológicamente mucho más cerca del liberalismo. Empero, no ha seguido un derrotero muy claro en tal sentido, en parte porque no tiene mayoría parlamentaria, en parte por presión de sus aliados, y quizá en parte por falta de convicción. Que Cristina Kirchner o el propio Alberto Fernández no inspiren esperanzas entre los libertarios los coloca -paradójicamente- en una mejor situación ante ellos que la de Macri y sus aliados. Ideológicamente los Fernández son un caso perdido y quizá se piense que ni vale ocuparse mucho de ellos (garrafal error, por supuesto).
     No es raro ver en los libertarios que desfilan por TV una sonrisa de satisfecha superioridad cuando enumeran las dificultades y errores de Cambiemos. Una actitud que jamás va uno a encontrar en un economista como Domingo Cavallo, que desde afuera del gobierno, demonizado, y con poco acceso a los medios siempre ha tratado de aportar ideas de forma constructiva; jamás se ha regodeado con los tumbos y caídas de la coalición gobernante.
     Los que sucumben al efecto Monty Python se vuelven parciales del modo más ridículo. Igual que en la película, están tan furiosos con el gobierno que no les queda mucho tiempo para ocuparse de los romanos, digo, de los Fernández.

¿Qué ha hecho Cambiemos por nosotros?
     Quitó la protección que tenían sindicalistas corruptos. Bien -dirá un opinador libertario- pero aparte de quitar esa protección ¿Qué ha hecho Cambiemos por nosotros? Corrigió el rumbo de la política exterior argentina. Oh eso, pero aparte de levantar la protección a sindicalistas y enderezar la política exterior ¿Qué hizo Cambiemos por nosotros?
     Combatió el narcotráfico en lugar de financiarse en él. Y recuperó en parte las atrasadas tarífas energéticas. Y mejoró los ferrocarriles, incluyendo el de cargas. Sí, sí, pero fuera de levantar la protección a sindicalistas, enderezar la política exterior, combatir el narcotráfico, actualizar en parte las tarifas, y emprenderla con los ferrocarriles ¿Qué ha hecho Cambiemos por nosotros?
     En la película es gracioso. En la vida real es lastimoso.